Las "tres comunas"

Pocas dudas caben de que el resultado del plebiscito expresa extendidos anhelos de cambio en el estado de cosas y en las instituciones, con expectativas de resolver por la vía de una nueva Constitución las carencias y problemas existentes, los que se han intensificado estos últimos años por el escaso dinamismo de la economía y el entrampamiento del sistema político. Es probable que sus causas combinen numerosos factores, los cuales deben ser objeto de estudio y lo que forma parte del legítimo debate político y académico.
Para diversos analistas, la actual crisis tiene un importante componente de fractura entre las élites social, política y económica, y la mayoría ciudadana. Estudios de opinión acusan también una marcada baja en la credibilidad de instituciones públicas y privadas, partiendo por el Congreso, pero que alcanza igualmente a los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia e incluso los medios de comunicación. En ese cuadro les cabe responsabilidad, entre otros, a quienes ejercen liderazgos políticos, sociales o económicos, pero debe evitar caerse en juicios simplistas o maniqueos que buscan establecer una especie de lucha entre una élite abusadora y un pueblo explotado.
En esta última línea, cabe agrupar las profusas imputaciones sobre "falta de empatía", "desconexión de la realidad" y "defensa de privilegios" que se han dirigido contra los votantes de las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea, que en el plebiscito constitucional se inclinaron mayoritariamente por el Rechazo en contraposición con el amplio apoyo en favor del Apruebo en el país.
La reacción de ciertas figuras políticas y comunicadores a la voluntad expresada en las urnas por los vecinos de esas comunas del sector oriente de Santiago podría tildarse solo de mera caricatura, pero sus rasgos antidemocráticos y de odiosidad pueden tener una proyección de mayor gravedad al iniciarse el proceso de discusión de una nueva Constitución. En efecto, ese razonamiento insinúa que la opción Rechazo en el plebiscito carecía de legitimidad moral: que no era legítimo, sino espurio, pensar que la elaboración de una nueva Constitución no era el mejor camino para avanzar en la resolución de los problemas que aquejan al país, y que el millón 600 mil ciudadanos que votaron Rechazo no lo hicieron pensando en el interés nacional, sino movidos egoístamente por sus intereses.
Así, a los 166 mil integrantes de las mencionadas comunas del sector oriente que votaron negativamente la idea de una nueva Constitución, deberían sumarse los 119 mil residentes de Santiago, Maipú, La Florida y Puente Alto que compartirían igual "extravío" respecto a la realidad del país, con la agravante de encontrarse estos últimos inmersos en un entorno más desfavorecido que los residentes del sector oriente. Y qué decir de los 115 mil votantes de La Araucanía -la región más pobre del país- que padecerían de similar desarraigo del Chile real.
El simplismo de esos análisis no se concilia fácilmente con la constatación de que en las comunas con mayores niveles de pobreza, el Apruebo -si bien se impuso con claridad- alcanzó una votación en promedio cinco puntos más baja que en aquellas con menores índices de vulnerabilidad, según un estudio de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Por otra parte, es difícil interpretar ideológicamente los resultados del plebiscito, sobre todo cuando están pendientes las elecciones de convencionales, a realizarse en abril. No es menor el hecho de que el principal presidenciable de la coalición de centroderecha y la mayoría de sus alcaldes hayan sido partidarios del Apruebo, al igual que parte importante del gabinete. De ahí que las diferencias en esas tres comunas entre distintas opciones se hayan reducido en esta última elección varios puntos porcentuales, por ejemplo, respecto de lo ocurrido en la última presidencial.
No es primera vez que se pretende descalificar políticamente a los chilenos que habitan "las casitas del barrio alto" o a los "fachos pobres" de las comunas populares. Lo que sorprende es que personas jóvenes que proclaman un nuevo Chile respetuoso de la diversidad e inclusivo acudan a categorías tan odiosas.
Si, como se ha dicho, el proceso constitucional persigue reconciliar a la ciudadanía con las instituciones, de modo tal que ellas efectivamente puedan ser la "casa de todos", mal podría lograrse ese objetivo si se parte excluyendo o descalificando a una parte de quienes, al participar con su voto, cualquiera haya sido este, contribuyeron decisivamente al éxito de una jornada democrática trascendental.