Contracorriente

Presos sin sentencia y elecciones sin conciencia







Maite Azuela



EL UNIVERSAL







El jaloneo por la prisión preventiva oficiosa ha revivido en los últimos días en Palacio Nacional. Luisa Alcalde se atrevió incluso a asegurar que "la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa [?]"



En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió el caso Tzompaxtle Tecpile. En enero de 2023 resolvió el caso García Rodríguez. Ambos en contra de México. Estas dos sentencias son emblemáticas e importantes para la discusión actual ?y para entender el despotismo de la 4T? por una razón muy simple: ordenan a México revisar y modificar figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa porque se consideran violatorias a los derechos humanos.



Las sentencias de la Corte IDH consideran que se trata de víctimas concretas que sufrieron en carne propia el daño que provoca la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Ambas sentencias son de cumplimiento obligatorio para México. No dependen de la discrecionalidad de una secretaria de Estado.



Varias personas que se encuentran en prisión preventiva oficiosa ?algunas de ellas más de una década? han levantado la mano para advertir que su encarcelamiento es inconvencional y que, por lo tanto, su situación tiene que revisarse. Esto no significa liberar automáticamente a las personas.



La Suprema Corte es una de las autoridades mexicanas que deben dar cumplimiento a las sentencias del tribunal interamericano.



La secretaria de Gobernación, López Obrador y ahora hasta Sheinbaum intentan confundir a la ciudadanía con una narrativa sofista como si a la SCJN se le hubiera ocurrido de la noche a la mañana ponerse a revisar la prisión preventiva. Además, estigmatizan a las personas que se encuentran bajo esta figura, pues aseguran que son delincuentes. Nadie, en ningún país, es culpable si no hay una sentencia que así lo diga.



La prisión preventiva es un problema al que, también hay que decirlo, colaboró la oposición. Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto impulsaron con fuerza esta figura que hoy sabemos violatoria de derechos. Incluso, en 2019, la oposición apoyó a la 4T para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.



Las personas en prisión preventiva podrán votar para la presidencia de la República, elecciones locales de la CDMX y Chiapas, así como para las diputaciones y municipalidades de Hidalgo.



¿Acaso a Morena no le importan esos 30 mil votos de personas en prisión preventiva? ¿En qué país una candidata llama delincuentes a sus posibles votantes? ¿Qué dicen Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez? ¿No harán campaña en los reclusorios para las miles de personas sin sentencia?



@MaiteAzuela