Quienes cometen delitos no son presos políticos, son delincuentes

El vergonzoso ataque a la Corte Suprema de Justicia de la Nación es otro aberrante ejemplo de la batalla que libran quienes solo buscan impunidad
Hace tres años, volaron toneladas de piedras contra el Congreso cuando los legisladores debatían la reforma previsional que impulsaba el macrismo. Hace apenas días, una enorme cantidad de bolsas de residuos fue arrojada contra la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por quienes piden la libertad de Milagro Sala, condenada por asociación ilícita y defraudación al Estado. Las imágenes trasuntaron la patética actuación de quienes pretendieron enlodar la labor judicial y desparramando decenas de bolsas de basura, lejos de autopercibirse ellos mismos como la suciedad que nos corroe como sociedad cuando se pretende pisotear el sistema republicano. Constituyen dos momentos distintos de la historia turbulenta de nuestro país, pero con objetivos idénticos: atacar a las instituciones de la República, horadando la democracia.
El vergonzoso reclamo en favor de la dirigente tuvo todos los condimentos de las peores derivas autoritarias durante gobiernos constitucionales. Sus seguidores, como los de 2017 frente al Congreso, concretaron mediante violencia explícita el creciente vandalismo verbal que se profiere desde varios sectores del actual oficialismo, tendiente a imponer en la sociedad el burdo criterio de que quienes cometieron actos de corrupción no son políticos presos, sino presos políticos. Se trata de un absurdo asentado en otro argumento falaz, el del lawfare: la conspiración que dicen ver y sentir quienes carecen de pruebas que los exculpen.
La líder de la agrupación Tupac Amaru, quien cumple prisión domiciliaria, fue condenada a 13 años de cárcel por haber desviado 60 millones de pesos que debieron ser destinados a la construcción de viviendas sociales. Esa causa forma parte de un expediente mayor en el que se investiga el defalco por 700 millones de pesos al Estado. Y no es la única causa que se le sigue ni la única condena que pesa sobre ella. El sábado, sin ir más lejos, se conoció que quedó firme el procesamiento dictado por el juez Pablo Pullen Llermanos en su contra, por una de denuncia en la que se la acusó de haber sido "determinadora" del delito de sustracción de un expediente.
Distintos estamentos judiciales, en diversos momentos, se han venido pronunciando sobre las actividades ilícitas de la dirigente. No hay una Justicia ni lenta ni perezosa, como se quiere hacer ver. Acaso, una Justicia que no falla como algunos de los dirigentes imputados querrían que ocurriera. El oprobioso reclamo contra la sede del más alto tribunal del país bajo la consigna "La Corte es el basurero de la democracia" solo puede inscribirse en la vil estrategia de quienes, como la dirigente jujeña, solo persiguen la impunidad.
Tanto Sala como el exvicepresidente Amado Boudou, condenado en segunda instancia por haberse quedado con el 75% de la empresa a cargo de la impresión de papel moneda en el país, argumentan que son presos políticos. "Que el Gobierno, antes de hacer negociaciones y acuerdos políticos, comience a ver cómo hace un acuerdo para liberarnos", reclamó la dirigente jujeña. "La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones", expresaba la solicitada publicada recientemente en reclamo de la liberación de Boudou. La unificación del discurso persecutorio en la creencia de que una victoria en las urnas debe ser suficiente para exculpar a los delincuentes está en la esencia misma de esta aberrante apología del delito.
Cristina Kirchner, la expresidenta que ahora pretende usar al Congreso para conseguir las reformas judiciales que alivien y hasta anulen su grave situación ante la ley, es la primera y más contundente impulsora de la figura del lawfare, táctica en la que arrastra al propio Presidente cuando se suma a las críticas infundadas sobre las Justicia y los medios de prensa.
Está claro que esa arremetida no reconoce límites y que sus exégetas se valen de cualquier argumento, como el exjuez Eugenio Zaffaroni al reclamar "soluciones políticas" como el indulto presidencial. Alberto Fernández ha dicho que no indultará y que, en todo caso, si lo que se busca es una amnistía, eso debe resolverlo el Congreso. Parece un partido en el que la pelota pasa de manos dentro del mismo equipo para que los jugadores ganen tiempo.
En una reciente columna de opinión publicada en LANACION con el título "No habrá consensos básicos con mandatos populistas", Daniel Montamat decía que "la lógica del amigo-enemigo es consustancial con la búsqueda del poder perpetuo". Solo así puede entenderse la imperiosa necesidad de sostener la teoría de la existencia de lawfare, la victimización constante y un nuevo relato basado en viejos vicios y reconocidas artimañas políticas.
Es menester llamar a las cosas por su nombre: quienes cometen delitos no son presos políticos, son delincuentes.