Paro de camiones: el gobierno santafesino ordenó el desalojo de las rutas

SANTA FE.- El Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe emitió una resolución garantizando la libre circulación dentro de este territorio. La decisión la canalizó el gobierno provincial, mediante una nota a la Jefa de la Policia de Santa Fe, Emilce Chimenti.
El texto señala: "Atento a los delitos flagrantes producidos por un conjunto reducido de personas se empeña en obstaculizar al tránsito en distintos puntos de rutas y caminos de la provincia de Santa Fe, y que la situación protagonizada por actores dispersos y fragmentados responde a especulaciones y cálculos de que no tienen relación con reclamos provinciales, que estos actores carecen de estatus jurídico y a todo fin práctico y legal no constituyen representación de actores sociales distintos que ellos mismos, que las disrupciones promovidas por este puñado de individuos constituyen riesgos a la seguridad vial, el bienestar y la vida de las personas, que estas circunstancias incurren en delitos tipificados en los artículos 142 bis inc. 6to, 145 ter incs. 1, 4 y 5 (delitos contra la libertad de las personas); 194, 195, 196 (Delitos contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación) 230, 231, 232, 233 (sedición), 277 (encubrimiento) del Código Penal.
"Que es función de este Ministerio de Seguridad, precisamente, aportar a la prevención de estos riesgos y violencias, así como garantizar al personal policial encargado de hacer cumplir la ley que no será sancionado por su actuación legítima para hacer cesar estos delitos flagrantes. Y que este Ministerio de Seguridad ha emitido una resolución que ordena el encuadre técnico del uso legal, racional, proporcional y progresivo de la fuerza para que la policía pueda cumplir con las funciones que le son propias para resguardo del orden legal", continúa la resolución.
"En vista de los expuesto y de que se trata de delitos flagrantes, el Sr Ministro de Seguridad (Marcelo Saín) ordena a la Policía de la Provincia que intervenga con todas las facultades legales que le competen para hacer cesar estas alteraciones que se comenten en rutas y caminos de la provincia, por las cuales individuos sin representación ejercen la coerción sobre personas, transportes y bienes. que el uso legal, racional, proporcional y progresivo de la fuerza, se inicia con la presencia de la autoridad policial impartiendo instrucciones para restablecer el orden en el tránsito y no recibiendo indicaciones de aquellos que están en falta"
"Que cada intervención policial para hacer cesar delitos flagrantes deberá ser comunicada a autoridad judicial competente. Dicha comunicación deberá ser acompañada por fotografías, videos, identificación de sujetos y todo elemento que resulte relevante para constatar la flagrancia del delito", finaliza el escrito.
En el día de ayer, a través de un comunicado, las Bolsas de Cereales y de Comercio del país expresaron su preocupación por los problemas que genera en toda la cadena de producción y comercialización de granos, insumos agropecuarios y productos alimenticios, la protesta de los Transportistas Unidos de Argentina (TUDA), que se inició el viernes pasado, y que complica el tránsito en varias provincias.
"Estas medidas de fuerza generan daños económicos que afectan a todos los eslabones de la cadena agroindustrial y ponen en riesgo el abastecimiento para consumo interno y procesamiento, así como el ingreso de miles de camiones que no pueden acceder a los puertos de exportación", señaló el texto firmado por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe.
En otro documento, la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC) mostró también su inquietud e instó a "recuperar la paz social". En este sentido, manifestó que las medidas de fuerza están afectando seriamente el comercio de graneles agropecuarios, abastecimiento interno y el cumplimiento de contratos con el exterior, donde se pone en riesgo el abastecimiento y producción de otras cadenas productivas como la de la construcción y las autopartes.
"El sector no puede tolerar más medidas de fuerza, los requerimientos deben hacerse por los canales institucionales y legales, no por vías de hecho que afectan a toda la sociedad", expresó.