Presupuesto de 2027 reduce deuda, y sube la inversión

La ponencia para segundo debate del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 mantiene el monto global en $634,95 billones, pero propone reducir en $8,36 billones las amortizaciones de deuda y aumentar la inversión en cerca de $7,74 billones. Los economistas David Cubides, del Banco de Occidente, y Alejandro Rojas, del Banco de Bogotá, señalaron que los ajustes podrían abrir margen para atender la emergencia del terremoto y otras necesidades del Gobierno. La modificación no representa un aumento del presupuesto total, sino una redistribución de las apropiaciones entre sus componentes. Según los documentos comparados, el gasto de funcionamiento subiría $617.000 millones, hasta $393,25 billones, mientras que el servicio de la deuda bajaría de $155,43 billones a $147,07 billones. La inversión, por su parte, pasaría de aproximadamente $86,89 billones a $94,63 billones, de acuerdo con la ponencia. El principal ajuste se concentra en las amortizaciones de capital, que corresponden a los pagos destinados a devolver el principal de las obligaciones financieras. La apropiación para este concepto pasaría de $58,27 billones en el proyecto del Gobierno a $49,91 billones en la ponencia para segundo debate. Según el cuadro comparativo, la modificación no contempla una reducción de los intereses de la deuda. David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, destacó que el movimiento permitiría liberar recursos para atender necesidades coyunturales. "Lo que vemos es que, en servicio de deuda, en general en el tema de deuda, hay un recorte de cerca de $8 billones", afirmó. Según explicó, el margen podría utilizarse en asuntos relacionados con la reconstrucción, el Ministerio de Minas y las necesidades derivadas del fenómeno de El Niño. El economista señaló que la disponibilidad de recursos estaría relacionada, en buena medida, con las operaciones de manejo de deuda. Estas permiten modificar el perfil de los vencimientos y podrían reducir las necesidades de amortización previstas inicialmente. Sin embargo, Cubides advirtió que todavía será necesario conocer cómo termina el trámite presupuestal en el Congreso y cuáles son las cifras definitivas que presente la administración. El incremento de la inversión constituye el otro movimiento central de la ponencia. La apropiación subiría aproximadamente $7,74 billones, mientras que funcionamiento aumentaría $617.000 millones. Aunque la reducción de las amortizaciones coincide con estos incrementos, el ajuste no implica que todos los sectores reciban más recursos, pues la propuesta también contempla disminuciones en determinadas partidas y modificaciones en la distribución del gasto. Reperfilamiento

de deuda Alejandro Rojas, economista sénior del Banco de Bogotá, sostuvo que el presupuesto inicial contemplaba un escenario en el que las amortizaciones previstas para 2027 se pagarían sin incorporar operaciones de reperfilamiento. A su juicio, esa decisión habría dejado un margen de maniobra para responder a necesidades extraordinarias y negociar con el Congreso. La evolución de las operaciones de deuda será determinante para establecer cómo termina distribuido el presupuesto. El analista mencionó que el Gobierno ya había realizado un canje de deuda y explicó que este tipo de operaciones puede modificar los vencimientos y reducir las amortizaciones presupuestadas en la misma magnitud. A partir de ese escenario, planteó dos alternativas: destinar el espacio disponible a otras necesidades o disminuir el presupuesto. La decisión dependerá de las negociaciones políticas y de los resultados de las operaciones que se realicen durante los próximos meses. "Si se empieza a reducir hay dos alternativas, o reorientas esas partidas, ya no gasto la plata en el vencimiento del título, sino en atender la emergencia o puedes recortar el PGN", afirmó Rojas. Su análisis pone de relieve que una reducción de las amortizaciones no se traduce automáticamente en más inversión ni en nuevos recursos disponibles para todas las entidades. El resultado depende de las decisiones presupuestales que adopte el Gobierno. El economista también se refirió a una negociación de aproximadamente $6 billones para atender la emergencia del terremoto y planteó que las operaciones de reperfilamiento posteriores podrían conducir a nuevas reducciones del presupuesto. Además, señaló que la implementación de la ley de ajuste fiscal, estimada por él en unos $42 billones, podría derivar en un recorte más profundo del PGN. Estas cifras corresponden a sus planteamientos y no deben confundirse con reducciones definitivamente aprobadas. ajustes alcanzan

al funcionamiento La ponencia incorpora modificaciones adicionales en el gasto de funcionamiento. La adquisición de bienes y servicios aumentaría $870.000 millones, al pasar de $17,85 billones a $18,72 billones. En contraste, los gastos de comercialización y producción disminuirían $495.000 millones, mientras que los gastos de personal bajarían $217.000 millones. Estos movimientos muestran que la propuesta no se limita a modificar el servicio de la deuda y la inversión. También se plantean cambios en las apropiaciones institucionales. El presupuesto del Congreso de la República pasaría de aproximadamente $1,425 billones a $1,525 billones, un incremento cercano a $100.000 millones. Por su parte, la reducción de $170.000 millones en la apropiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), distribuida entre funcionamiento e inversión, corresponde a una modificación incorporada durante el primer debate y no debe atribuirse automáticamente a la nueva ponencia. En materia de ingresos, el documento mantiene el total presupuestado en $634,95 billones, pero modifica su composición. Los ingresos del Presupuesto General de la Nación se ajustan en $549.000 millones, mientras que los de los establecimientos públicos disminuyen en una magnitud equivalente. Por tanto, el movimiento no representa una nueva fuente de financiación ni un incremento neto de los ingresos, sino una modificación de su distribución dentro del presupuesto.