Logran acuerdo que dará flexibilidad al gobierno

El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, defendió que el acuerdo con ciertos acreedores de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) incluya el pago de unos $7,000 millones en efectivo al señalar que el desembolso de dicha cuantía no dejará en precario al gobierno o al Fondo General.
De igual forma, Skeel sostuvo que el acuerdo pactado esta semana es "la mejor alternativa" al "riesgo" que representaría continuar con los litigios para invalidar unos $6,000 millones en GOs y bonos de la AEP.
Para Skeel, continuar con lo que serían años de litigio y millones de dólares en honorarios de abogados representa el riesgo de ganar o perder en corte, mientras acabar la controversia permitirá que el gobierno tenga dinero para cubrir sus gastos y sobre todo, asegurar el pago de las pensiones de los "más vulnerables".
El millonario pago en efectivo y transar los litigios para invalidar parte de la deuda pública son parte de las condiciones del nuevo acuerdo que la JSF ha alcanzado con la Coalición de Deuda Legítima (CDL), el grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales (Ad Hoc-GOs), el fondo de inversiones QTCB y las aseguradoras municipales Assured Guaranty, Syncora Guaranty y National Public Finance.
Los términos del acuerdo se dieron a conocer ayer casi una semana después de pedir a la jueza Laura Taylor Swain aplazar la presentación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.
En entrevista con El Nuevo Día, Skeel subrayó que la JSF consiguió el respaldo de los dueños de sobre $11,700 millones en GOs y bonos de la AEP, un apoyo considerable que Swain, la jueza de distrito federal, tendrá que sopesar, una vez se diriman los méritos del Plan de Ajuste (PDA o POA, en inglés) en el tribunal.
"El efectivo (que posee el gobierno) no se irá del todo", dijo Skeel. "Puerto Rico todavía tendrá capital de operaciones para sus gastos", agregó el profesor de Derecho Corporativo y procesos de bancarrota en la Universidad de Pensilvania.
Al presente, el gobierno custodia cerca de $25,000 millones en efectivo en sus cuentas bancarias.
Pero Skeel, recordó que buena parte de ese efectivo acumulado fue posible porque el gobierno no ha pagado a los bonistas por espacio de cuatro años.
Skeel destacó que el acuerdo representa una reducción en el servicio a la deuda, es decir, en la cantidad de dinero que el gobierno debe pagar a los bonistas cada año. Además, al reducir ese pago anual, explicó el académico, se reduce "el estrés" sobre el Fondo General para pagar las pensiones.
"Antes de (la ley federal) Promesa, lo que había era un curso de colisión entre el servicio a la deuda y las pensiones", recordó Skeel.
Al aportar los $7,000 millones de efectivo como parte de la transacción, la JSF hizo lo que —en palabras de la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko— haría una familia cuando interesa comprar una vivienda: dar un pronto pago más alto con tal de pagar menos durante la vida de la hipoteca.
En el caso del gobierno central, el acuerdo de apoyo a la reestructuración (PSA, en inglés) reduciría en aproximadamente dos terceras partes, el servicio a la deuda que el gobierno tenía antes de Promesa. Es decir, de un pago anual a los bonistas que —sin acuerdo— rondaría $4,200 millones a un pago fijo de $1,150 millones por los próximos 25 años.
Sin embargo, cuando se considera el principal adeudado, el acuerdo para modificar los GOs y la deuda de la AEP reduce el principal vigente en apenas 23%, de unos $18,757 millones a $14,438 millones.
¿Qué pactó la JSF?
El acuerdo entre la JSF y los bonistas está documentado en el Plan de Apoyo a la Reestructuración (PSA, en inglés) y este, a su vez, será parte del PDA.
El acuerdo entre la JSF, la CDL, el Ad Hoc-GO y otros acreedores propone que el gobierno intercambiará alrededor de $18,000 millones en bonos GOs y de AEP vigentes por una combinación de efectivo y nuevos GOs que pagarán una tasa de interés más baja que la actual.
Aparte de los $7,000 millones en efectivo, el gobierno emitirá unos $7,400 millones en nuevos bonos que tendrán una vigencia de 25 años.
Skeel explicó que como que el acuerdo daría por terminado el litigio para invalidar parte de la deuda, no todos los bonistas recibirán la misma recuperación. A manera de ejemplo, mientras la recuperación para algunos dueños de bonos "legítimos" sería de 75%, los bonistas que poseen la emisión de bonos chatarra de 2014 recuperarían 53%.
El tercer componente del intercambio será un pago anual a los bonistas que saldrá de los recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU). Dicho pago se emitirá a través de un "Instrumento de Valor Contingente" o CVI en inglés.
Según Jaresko, cuando los recaudos del IVU excedan las proyecciones, los bonistas recibirán el 45% de cada dólar de recaudo en exceso bajo la partida de 5.5% comprometida con Cofina hasta un máximo de $3,500 millones durante la vida del CVI.
Apoyo a medias
De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi reconoció que los términos del nuevo PSA benefician al gobierno.
"Estoy convencido de que el acuerdo es sostenible y podrá ser cumplido sin poner en riesgo los servicios esenciales del gobierno", dijo Pierluisi.
Pero acto seguido, el mandatario informó que no daría su aval al acuerdo porque la JSF continúa aferrada en aplicar "más recortes" a los pensionados.
"Aunque apoyo los términos económicos del acuerdo entre la JSF y el grupo de acreedores, el gobierno de Puerto Rico no estará subscribiendo el PSA", indicó Pierluisi. "Estoy seguro de que el tribunal, presidido por la jueza Swain puede aprobar un (PDA) que no contenga recorte a las pensiones porque no es necesario para el éxito de la transacción, y así se lo haré constar al honorable tribunal".
"Bajo este (nuevo) plan vamos a elevar el límite para el ajuste a las pensiones. Antes ese límite era de $1,200 millones y vamos a elevar ese número a $1,500", insistió Skeel.
"Sobre todo, estaremos creando un fideicomiso que separará dinero para asegurar que Puerto Rico tendrá la capacidad de honrar esa promesa (el pago de pensiones). Pienso que desde la perspectiva de los beneficiarios de pensiones, este va a ser un plan atractivo", subrayó Skeel.