Hacienda apunta a la Junta Fiscal

El Departamento de Hacienda responsabilizó ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por el incumplimiento del gobierno con la Resolución Conjunta 65-2020, mediante la cual se legisló un estímulo monetario de entre $1,000 y $2,500 para ciertos profesionales de la salud.
Sin embargo, funcionarios de Hacienda reconocieron ayer, en una vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado, que el gobierno no brindó al ente fiscal información requerida para evaluar la asignación de fondos. La responsabilidad sobre reprogramación de fondos recae en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, señaló ese incumplimiento como una de las razones para desautorizar la legislación.
La presidenta de la comisión, Marially González, indicó a la prensa que le "exigirían" al gobernador Pedro Pierluisi que haga valer el texto de la Resolución Conjunta 65. Cuando se le preguntó cómo, la senadora dijo que se identificaría el dinero, que podría salir de fondos de la ley federal Cares.
"Tendríamos que hacer otra Resolución Conjunta y ser específicos en cada una de las profesiones e identificar la cantidad de profesionales que cualificarían y el impacto (económico)", dijo González.
La Resolución Conjunta 65 otorgaba incentivos a técnicos quirúrgicos, técnicos radiólogos, técnicos en medicina nuclear, técnicos de emergencias médicas, paramédico básico, tanto municipal como privado, terapistas físicos, terapistas respiratorios, técnicos de terapia respiratoria, asistentes de terapista físico y trabajadores hospitalarios.
En una ponencia firmada por el subsecretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, y leída por José Francisco Chávez, secretario Auxiliar de la División Legal de la agencia, se indicó que la fuente de este desembolso sería el Fondo de Emergencias creado en 1966. Con una enmienda, la fuente de dinero se modificó para que el incentivo saliera de la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal.
Chávez estuvo acompañado por la secretaria auxiliar de Contabilidad, Yeira Belén. El funcionario reconoció que no se hizo un cálculo del impacto fiscal del incentivo, y Belén argumentó que no tenía a la mano la información de los profesionales de la salud que cualificarían para el beneficio y por eso no se entregó la información a la JSF.