Pierluisi emite su primer veto expreso
El gobernador Pedro Pierluisi emitió un veto ayer al Proyecto de la Cámara 21, que buscaba derogar la Ley 165-2020 y la Ley 167-2020, las cuales proponen consultas para definir el status político de la isla
El gobernador Pedro Pierluisi emitió un veto ayer al Proyecto de la Cámara 21, que buscaba derogar la Ley 165-2020 y la Ley 167-2020, las cuales proponen consultas para definir el status político de la isla.
Además de ser el primer veto expreso de Pierluisi como gobernador, esa fue la primera medida que llegó para su consideración tras asumir el cargo el 2 de enero.
"Esta administración no se va a apartar del mandato que recibió del pueblo, y yo no voy a claudicar a mi responsabilidad. El respaldo a la estadidad es política pública del gobierno de Puerto Rico, y firmar esta medida representaría darle la espalda a los puertorriqueños que de manera democrática votaron a favor de la estadidad que ganó con un 52.5%. Es mi responsabilidad hacer valer el reclamo de una mayoría absoluta de los electores, por lo que he tomado la decisión de vetar este proyecto de ley", sostuvo el gobernador en un comunicado de prensa.
La Ley 167-2020 viabiliza una consulta, a realizarse el próximo 16 de mayo, para que el pueblo escoja seis cabilderos por la estadidad. Mientras que la Ley 165-2020 permitiría al gobernador realizar una consulta de status fijando la fecha y los pormenores mediante orden ejecutiva.
"Hubiera preferido que la primera medida que llegara a mi despacho fuese una para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo, no para obviar y rechazar el mandato claro que nos dio la mayoría de los electores", agregó el primer ejecutivo.
Según Pierluisi, ambas leyes buscan hacer valer el mandato de la mayoría de los electores que avalaron la estadidad en el plebiscito del pasado 3 de noviembre y, por tanto, constituyen un fin público de la más alta prioridad.
El mandatario cuestionó la aprobación de la medida en la Legislatura, en momentos en que tiene bajo su evaluación 13 proyectos de administración.
"En las mismas (las medidas), se atienden asuntos como la protección a víctimas y testigos de delitos, igualdad salarial, la auditoría de la deuda, entre otros, pero la mayoría de ellas no han sido atendidas, al igual que los nombramientos", afirmó.