El Comercio, Perú
23 de abril de 2021
Esta semana, la justicia de EE.UU. condenó a un expolicía por la muerte de George Floyd. En el Perú, estos procesos pueden tomar hasta 10 años.
Por lourdes fernández calvo
Menos de un año tardó el proceso penal realizado al exagente policial Derek Chauvin por la muerte del ciudadano George Floyd, en mayo pasado en Minneapolis (Minnesota, Estados Unidos). El último martes, Chauvin fue declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel.
La brutalidad policial no es exclusividad de Estados Unidos, y en el Perú los casos de víctimas de abuso policial o de autoridades como el serenazgo no solo existen, sino que además tardan muchos años en resolverse.
La justicia para la familia del joven argentino Bruno Carlos Schell llegó casi ocho años después, pero a él nunca más lo volvieron a ver.
Bruno Carlos Schell tenía 25 años, sufría de esquizofrenia y había llegado al Perú a hacer turismo. En junio del 2013, Bruno fue encontrado en la bajada de Armendáriz, en Miraflores, en medio de la pista y con el riesgo de ser atropellado, por lo que fue intervenido por policías y agentes del serenazgo del distrito.
Le pusieron grilletes de seguridad con las manos hacia la espalda, luego lo subieron a la camioneta del serenazgo y lo sacaron fuera de la jurisdicción de Miraflores. Desde esa fecha no se sabe nada de él.
Esta semana, la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada condenó al policía Enrique Hiram Morón Sánchez a 17 años de cárcel, y a los miembros del serenazgo de Miraflores Miguel Ángel Sarmiento Vegas y Línder Ovier Sandoval Salazar a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de desaparición forzada.
La muerte de Zvonco Ivo Ivancovich Andía sucedió en el 2017. Él tenía 35 años cuando llegó a una calle de San Borja en su motocicleta. En el lugar, gritó frases a favor del equipo Universitario de Deportes. Estaba con el torso desnudo, así que los vecinos llamaron a serenazgo para que lo intervinieran. Al parecer, estaba ebrio.
Policías y agentes de serenazgo de San Borja lo redujeron y uno de ellos lo pisa a la altura del estómago. Luego, en la comisaría del distrito, se desvanece y es traslado a una clínica. No se sabe si para entonces ya había fallecido. Recién en febrero de este año, el Ministerio Público de Lima pidió nueve meses de prisión preventiva contra varios efectivos policiales de la comisaría de San Borja y un grupo de serenos
El caso de Gerson Falla ocurrió en abril del 2011 y recién en diciembre del 2020 el Poder Judicial sentenció a nueve años de cárcel al suboficial de la PNP Diopoldo Aguilar al establecer que torturó a este joven durante una intervención policial en San Borja. Al ser llevado a la comisaría, la víctima recibió 57 golpes en el cuerpo. Falleció al día siguiente producto de esta brutal agresión.
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Carlos Rivera, coordinador y abogado del IDL, afirma que en el país existe una corte especializada en derechos humanos, pero aún así los casos tardan años en juzgarse.
