Riesgo soberano: evaluando a un nuevo gobierno

Por Juan JoséMarthans

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Uno de los más importantes indicadores del desempeño económico y financiero de cualquier economía está dado por su calificación del riesgo soberano. Usualmente, dicha evaluación constituye una señal clave sobre las que se determinan, por ejemplo, las condiciones, costo, plazo, y garantías de las operaciones financieras y comerciales que se mantienen con gobiernos, entidades financieras internacionalmente activas y empresas corporativas del exterior.

Esta calificación muestra, en un solo indicador, las fortalezas y debilidades de una economía y sintetiza el accionar no solo fiscal, externo, monetario o laboral, sino también la calidad del sector público, institucionalidad, madurez del frente político, PBI per cápita, lucha contra la corrupción, entre otros.

Sintomáticamente, Standard & Poors, Moody?s y Fitch, tres de las calificadoras de mayor prestigio internacional, nos han asignado una evaluación BBB+. ¿Qué significa ello? Que ostentamos una de las mejores calificaciones de la región; que podemos tomar financiamiento del resto del mundo en muy buenas condiciones financieras y comerciales (no perdamos de vista el financiamiento a 100 años recientemente recibido); y que disponemos de un increíble nivel de resiliencia a desbalances internos y externos.

Somos, conjuntamente con Uruguay, una de las pocas economías de la región que, durante la última década, no ha sido degradada en su calificación soberana por ninguna de las tres evaluadoras crediticias más destacadas del mundo. Un hecho excepcional y que no sabemos ni identificar, ni valorar. En contraste, en el mismo período, Brasil fue degradada cuatro veces y hoy su calificación es solo BB-; México fue recientemente degradada y su calificación es BBB; Colombia ha sido degradada en dos oportunidades habiendo perdido hace poco su ?grado de inversión?; y Chile, que es la única que aún se mantiene por encima del Perú, ha sido degradada dos veces al nivel A. Bolivia es técnicamente un desastre, degradada cinco veces disponiendo de la magra calificación de B+.

A futuro será imposible, por ejemplo, ser abiertamente exitosos en la reducción de la pobreza, sin mantener una adecuada calificación crediticia. Muy difícil diseñar y programar un proceso de recuperación de capacidad de atención de nuestra red de salud y educación, si perdemos dicha condición crediticia. Será imposible, sin mantener dicha calificación, alcanzar buenas condiciones para construir carreteras, complejos de irrigación, dotar de agua y generar inclusión en nuestras comunidades más vulnerables.

Hoy el mundo observa con detenimiento al Perú y espera el desenlace final de la segunda vuelta electoral. La mejor manera de evaluar el desempeño de la nueva administración, desde el primer día, estará en línea con la urgencia de tomar las acciones necesarias a fin de evitar que nuestra calificación de riesgo soberano pueda deteriorarse. Si los próximos meses nos degradan al nivel BBB, será una pésima señal; si la mantenemos BBB+, resultará ser el mejor indicador de que las cosas se están haciendo bien.

Se requiere cambios y menos asimetría económica y social, qué duda cabe. La única manera de ejecutarlos sin atentar en contra de nuestra evaluación crediticia vigente es emprender las reformas estructurales pendientes que permitan, por ejemplo, alcanzar un sistema previsional más competitivo, un sector público eficiente, una descentralización exitosa, un sistema financiero con más bajo costo de crédito, un mercado laboral más inclusivo y formal; así el respeto a los derechos sociales y medioambientales de nuestra población más vulnerable. Lo demás, es casi un cuento.