La Nación, Costa Rica
26 de junio de 2021
Administración de Carlos Alvarado afirma que encuentros fueron parte de una mesa de coordinación para trasladar a las familias del precario Triángulo de la Solidaridad debido a obras de Circunvalación Norte otorgadas a H. Solís
El Gobierno reconoció este viernes por la noche que recibió en 18 ocasiones en Casa Presidencial a Roberto Acosta y su esposa Mélida Solís; principales jerarcas de la empresa H. Solís hoy involucrada en una investigación judicial por presunta corrupción en la obtención de contratos de obra pública.
En un comunicado de prensa, el Gobierno reconoció los encuentros como parte de una mesa de coordinación para trasladar a las familias del precario Triángulo de la Solidaridad en el marco de obras del proyecto del tramo norte de la carretera de Circunvalación, cuya finalidad es unir La Uruca con Calle Blancos mediante una vía de cuatro carriles.
Estas obras fueron otorgadas a H. Solís por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Ambas centran las pesquisas del Ministerio Público por la presunta transferencia indebida de ¢78.000 millones a obras otorgadas a la empresa y también a la firma Meco al parecer gracias una red de corrupción en operación hace unos 20 años; sostiene el expediente de la investigación.
"Informamos que entre junio y noviembre del 2018 se conformó una mesa de coordinación para reubicar las familias del asentamiento humano Triángulo de la Solidaridad", indicó el Ministerio de Información del Gobierno.
Esta mesa de coordinación tuvo 18 sesiones de trabajo en Casa Presidencial.
"Según se ha determinado en una revisión los datos de ingreso en 2018 y 2019, que está en curso, Roberto Acosta participó en nueve ocasiones y la señora Mélida Solís en una ocasión, como representantes del consorcio Estrella-H. Solís que había sido adjudicado desde marzo 2014 para construir ese tramo de la obra. Su participación nunca se dio en encuentros bilaterales, sino en reuniones de todo un equipo de trabajo", informó el Gobierno.
El desalojo del asentamiento Triángulo de la Solidaridad implicó la reubicación de 523 familias (más de 2.000 personas), según censo al 2012 que registraba la población total estimada de ese asentamiento, y que fue ejecutado en tres etapas entre el 20 de agosto del 2018 y el 9 de setiembre del 2019.
En dichas sesiones, tanto en las que participaron representantes de H. Solís como en las restantes, solo se conocieron temas relacionados con la reubicación de las familias y el avance de la obra; indicó el Gobierno.
"Después de que se inició la reubicación de las familias, las reuniones de la mesa de trabajo continuaron, en el 2019, pero ya no participaron representantes del consorcio encargado de la construcción", manifestó el Gobierno.
Según su comunicado, ese proceso de reubicación se logró gracias a la existencia de dicha mesa de coordinación en la cual participaron siete instituciones gubernamentales, la unidad de inspección del proyecto (Unops), representantes de la comunidad, y representantes del sector privado, quienes coordinaban la logística del traslado de las familias, "acción de la cual dependía, a su vez, el avance de obras de la carretera", justificó el Gobierno.
Investigación
"Hace aproximadamente 20 años, funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) (...) han operado en una red de corrupción asociada a las grandes empresas constructoras como MECO, a cargo de Carlos Cerdas Araya, y H Solís, a cargo de Mélida Solís Vargas y Roberto Acosta Mora".
"Esta organización criminal se encarga de conducir los procesos licitatorios en materia de conservación vial en favor de estas empresas constructoras, a cambio de dádivas o ventajas, logrando con ello adjudicaciones, beneficios indebidos en la ejecución de pagos de los contratos, omisiones en las supervisiones de las obras de infraestructura vial adjudicadas y, en consecuencia, incrementos patrimoniales indebidos en detrimento de la hacienda pública".
Ambos párrafos constan en la solicitud planteada el 30 de agosto del 2019 por la fiscala auxiliar de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Johanna Rodríguez Acosta, ante el Juzgado Penal de Hacienda, para que el Caso Cochinilla se declarara procedimiento especial de delincuencia organizada.
Según el reporte de la Fiscalía, las actividades ilícitas emprendidas por los investigados se han desarrollado en las últimas dos décadas, incluso, apenas se creó el Conavi, inaugurado en 1999 en la administración de Miguel Ángel Rodríguez.
