Ley Promesa: un experimento fracasado

Cinco años después de su aprobación, la ley federal Promesa ha sido más un agravio a los derechos civiles de los puertorriqueños y a su orden político que una solución a sus problemas fiscales y económicos, concluyeron tres analistas del Centro para una Nueva Economía (CNE).
Al completarse el primer lustro desde que el presidente Barack Obama dio a Puerto Rico "un mecanismo en ley para reestructurar sus obligaciones financieras", el gobierno local no ha avanzado sustantivamente en ninguno de los mandatos provistos en la ley federal, según un análisis de Deepak Lamba-Nieves, director de Investigación; Sergio M. Marxuach, director de Política Pública; y Rosanna Torres, directora de la oficina del CNE, en Washington, D.C.
De acuerdo con el análisis, en lugar de que se subsanaran los retos fiscales y económicos de la isla, Promesa estableció en Puerto Rico "una Troika tropical" que, al cabo de cinco años, se ha convertido en una fuente de contratos para asesores y consultores; ha resultado en costos legales astronómicos y ha lacerado, posiblemente, de manera irremediable, instituciones de gobierno que serían claves para la recuperación como la Universidad de Puerto Rico (UPR).
"Cinco años después, aproximadamente dos terceras partes (2/3) de la deuda en bonos no se ha reestructurado; no se han aprobado proyectos críticos para el desarrollo económico; los estados financieros auditados todavía tienen tres años de atraso; el cambio a presupuestos sobre una base de contabilidad de acumulación (o devengo) modificada es un trabajo en proceso; y el presupuesto del gobierno todavía está desequilibrado", indica el reporte.
El CNE divulgó su lectura de Promesa ayer, justo al cumplirse el aniversario del estatuto federal, que surgió como alternativa a los pedidos de ayuda del gobierno puertorriqueño. Ello, una vez, el Congreso -influenciado por acreedores- se negó a extender a la isla, las disposiciones del Capítulo 9 del Código de Quiebras.
Como resultado, a excepción de la suspensión de litigios contra el gobierno y de cuatro años sin pagar a los bonistas, Puerto Rico no ha conseguido nada sustantivo, según el CNE.
"La (JSF) ha insistido en imponerle a Puerto Rico una camisa de fuerza de política de austeridad similar al (Fondo Monetario Internacional) FMI sin brindar ninguno de los escasos beneficios que suelen acompañar a los programas de condicionalidad del FMI", indica el informe en el que se compara la gestión del organismo fiscal con el establecimiento de la Troika, durante la crisis de deuda soberana en Grecia.
El análisis destaca que mientras la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, en inglés) estimó que los costos de la reestructuración de Puerto Rico rondarían $370 millones entre los años fiscales 2016 a 2026, la JSF estima gastos en asesores legales y financieros ascendentes a $1,500 millones.
"Puerto Rico está a punto de convertirse en una de las quiebras municipales más caras de la historia", indica el documento.
Citando el plan fiscal más reciente certificado por la JSF, el CNE también destacó que el organismo fiscal no ha logrado avanzar en ninguna de las condiciones necesarias para que el organismo cese sus funciones. En esencia, la JSF termina sus funciones al cabo de cuatro presupuestos balanceados y de que Puerto Rico pueda colocar deuda en los mercados de capital a tasas razonables.