Ahorrar toda una vida para no tener nada

Nota de la Editora: Este es el cuarto de varios artículos acerca del proceso de confirmación del Plan de Ajuste del gobierno central y el impacto que dicha propuesta tendrá en decenas de miles de individuos y empresas en Puerto Rico.
Antonio Martín Cervera llegó a Puerto Rico para 1960, en sus años de juventud, y sabiendo que no tendría otros apoyos, a la edad de 22 años, decidió ahorrar para cuando fuera viejo.
Trabajó como arquitecto y ahorró cuanto pudo: comprando bonos de Puerto Rico.
Según don Antonio, se trataba de una inversión con doble beneficio. Su dinero ayudaba a que el gobierno invirtiera en obra pública y él recibía un rendimiento libre de impuestos para el día de su jubilación. Ello, al prestar dinero a través de una inversión garantizada por la Constitución de Puerto Rico.
"Aquella era una economía de sueños, de la transformación de Puerto Rico y yo también era un soñador", dijo el arquitecto.
Todo marchaba como esperado hasta que para el 2012, el precio de los bonos de Puerto Rico en la alcancía de don Antonio cayó a la mitad.
Don Antonio relató que la casa de inversiones donde compró sus instrumentos ofreció oxígeno a bonistas como él recomprando algunos instrumentos, pero con descuentos significativos. Ello, ante el hecho de que muchos "inescrupulosos" utilizaron sus bonos de Puerto Rico como colateral para tomar préstamos, una técnica que se conoce como compras al margen.
"Nadie fue encontrado culpable", lamentó el hombre haciendo referencia a los eventos que provocaron el colapso del sector de valores en Puerto Rico y que no se ha recuperado casi una década después.
Una cachetada tras otra
Así las cosas, cumplidos los 70 años, cuando don Antonio se soñaba retirado, la pérdida de sus ahorros le obligó a trabajar.
Cuatro años más tarde, hacia el 2016, don Antonio escuchaba al gobernador Alejandro García Padilla, declarar el impago del gobierno como si fuera "algo gracioso".
"Nos llamaban buitres cuando nosotros prestamos el 100% de ese dinero", dijo el ingeniero haciendo referencia a la frase que acuñaron como mote ciertos sectores en Puerto Rico para referirse a los bonistas.
Después de todo lo vivido, en el 2018, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el gobierno y los fondos especulativos que negociaron la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) celebraban la primera reestructuración bajo el Título III de Promesa lo hicieron a costas de trabajadores como don Antonio.
El arquitecto pagó cada dólar de los bonos subordinados de Cofina que compró para su jubilación. Pero en esa reestructuración, a él y a miles en Puerto Rico, se les arrebató alrededor de la mitad de su principal para pagar a los bonistas principales que -aprovechando la crisis en precios de los años 2012 a 2014- compraron Cofina en centavos de dólar. La mayor parte de los bonos subordinados de Cofina se vendieron en Puerto Rico.
Ayer, ahora con 82 años de edad, don Antonio compareció -por teléfono debido a las restricciones por la pandemia- ante la jueza Laura Taylor Swain para suplicarle que no permita otra injuria. El arquitecto fue uno de cuatro ciudadanos que se presentaron ante Swain por derecho propio para expresar su oposición al proceso de análisis de la Declaración Informativa del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.
Don Antonio cree que las pensiones de los empleados públicos no deben recortarse, pero también está convencido de que el gobierno tiene dinero para pagar lo que adeuda a bonistas como él.
Cuando la pensión no da
Nancy I. Negrón López, una policía retirada que trabajó 22 años en la Uniformada y sirvió en el Ejército de Estados Unidos, expresó a Swain más desdichas, pero desde el lado del servicio público.
Es posible que doña Nancy no vea el recorte que la JSF propone a las pensiones y que aplicaría a quienes reciban un beneficio de pensión mensual mayor de $1,500, pero ayer la mujer abogaba por ella y a quienes conoce al plantear que "muchos de los retirados" ahora tienen un segundo empleo para cubrir su sustento.
"Nuestro retiro no es una caridad. Por más de 20 años arriesgamos nuestras vidas", dijo doña Nancy.
Después de trabajar una vida, Doña Nancy cuida de su madre, paciente de cáncer y de su padre, paciente de Alzheimer. Esa realidad pesa más cuando se sabe que los responsables de la debacle fiscal de Puerto Rico no han sido llamados a capítulo, dejó entrever la mujer.
Acto seguido, doña Nancy solicitó a Swain que ayude a responsabilizar a quienes llevaron a la isla a la encrucijada actual y solicitó que se identifiquen otras formas para pagar a los bonistas que no sean los recortes propuestos para los pensionados del sector público.
"Mi pensión no es suficiente", subrayó doña Nancy al recordar que los miembros de la Uniformada no cotizaron al Seguro Social.
Los planteamientos de don Antonio y doña Nancy cerraron el primer día de la audiencia del mes de julio de los casos de Título III, donde las críticas a la Declaración Informativa que sirve de referencia para modificar unos $35,000 millones en obligaciones fueron la orden del día.
La audiencia, que continúa hoy, tiene como objetivo examinar la adecuación de la Declaración Informativa del PDA. Si la jueza Swain concluye que la JSF ha provisto suficiente información a los acreedores, ello abriría la puerta para continuar con la discusión del PDA. El documento fue enmendado en la noche del lunes por quinta ocasión, para incluir nuevos acuerdos con acreedores, entre ellos, un nuevo pacto que allegaría más dinero a contratistas y suplidores representados por el Comité de Acreedores no Asegurdos (UCC, en inglés) y una modificación a los acuerdos con el Comité Oficial de Retirados (COR) para ofrecer ciertos alivios a los maestros.