La Junta a la Aafaf: no dejaremos que "minen" a Promesa

Nota de la Editora: Este es el quinto de varios artículos acerca del proceso de confirmación del Plan de Ajuste del gobierno central y el impacto que dicha propuesta tendrá en decenas de miles de individuos y empresas en Puerto Rico.
El principal asesor legal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Martin Bienenstock, se comprometió ayer con la jueza de distrito federal Laura Taylor Swain a que su cliente continuará negociando con el gobierno para facilitar la confirmación del Plan de Ajuste (PDA).
Pero el abogado, socio de Proskauer Rose, también indicó que estarán listos para activar "un plan B" si los oficiales electos de la isla insisten en "desbancar" los acuerdos alcanzados con bonistas y otros acreedores.
"Esto no es una objeción limitada", dijo Bienenstock al atacar el rechazo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) al plan que propuso la JSF.
"Ambos (la JSF y el gobierno) estamos de acuerdo en que es crítico que los retirados en Puerto Rico tengan todo el derecho a un retiro digno", sostuvo Bienenstock.
El abogado recordó que desde que la JSF se organizó en el 2016, el organismo aseguró el pago de las pensiones y ahora, ha hecho lo mismo durante el proceso de negociación con los acreedores.
El pasado martes, durante el primer día de la audiencia general del mes de julio de los casos de Título III y donde se analizó la adecuación de la Declaración Informativa del PDA del gobierno central, el abogado John Rapisardi, asesor legal de la Aafaf, sostuvo que la JSF no podrá implementar el PDA sin el apoyo de la Legislatura.
"Ahora estamos en el rango de 95% y hemos sido criticados por eso", sostuvo Bienenstock haciendo referencia a la cantidad de dinero que recibirán los jubilados del sector público aun cuando se implemente el ajuste de hasta 8.5% en las pensiones mayores de $1,500 al mes.
Bienenstock -quien indicó que la JSF no permitirá que el gobierno "mine" la ley federal Promesa- agregó que no creía "era una coincidencia" la negativa del gobierno a endosar el PDA y la reciente aprobación de la Ley 7, conocida como la Ley de Retiro Digno, estatuto que la JSF busca anular.
Las expresiones de Bienenstock fueron la respuesta de la JSF a las preguntas de la jueza Swain, quien indicó que la postura del gobierno constituía su mayor "preocupación".
En su turno de argumentación el martes, Rapisardi estableció que el gobierno no solo objetaba el recorte de las pensiones a los ya jubilados sino también la congelación de beneficios de retiro para quienes continúan trabajando.
Además, el abogado de la Aafaf indicó que la JSF hacía "una apuesta legal" "riesgosa" para Puerto Rico al implementar un PDA sin que los bonistas reciban un instrumento que cuente con las garantías de ley que debe ofrecer el gobierno.
El "Plan B" de la Junta
Pero según Bienenstock, "el verdadero mensaje" de la Aafaf a los acreedores es que, en lugar de reanudar los pagos a bonistas luego de cinco años y reducir obligaciones, el gobierno busca revocar los acuerdos ya pactados y litigar las controversias que los bonistas estuvieron dispuestos a transar. Sobre todo, dijo el abogado, el gobierno busca aumentar sus obligaciones por $17,000 millones solo para pagar pensiones.
Swain preguntó a Bienenstock, qué "plan B" tenía la JSF ante la postura del gobierno.
Fue entonces cuando Bienenstock indicó que si la administración de Pedro Pierluisi y la Legislatura controlada por el Partido Popular Democrático (PPD) "se niegan a cooperar", "el plan B" de la JSF será aplicar la sección 1123(5)(j) del Código de Quiebras, a su vez, integrada en la sección 301 de la ley federal Promesa, estatutos que ocuparían el campo en el tema sobre el estado de derecho estatal.
La sección 1123(5)(j) del Código de Quiebras establece, entre otras cosas, que el Plan de Ajuste proveerá los mecanismos para "la emisión de valores" para intercambiar las acreencias existentes del deudor.
Swain allana el camino del PDA
Minutos antes de la argumentación de Bienenstock, el también abogado de la JSF, Brian S. Rosen, notificó a Swain que el organismo lograba entrar en la lista de adeptos al PDA a otros opositores: las aseguradoras municipales Ambac Assurance y FGIC, entidades que libran una batalla por los bonos de ingresos especiales emitidos por corporaciones como la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad el Distrito de Convenciones (ADC).
Rosen pidió a Swain aplazar la discusión de la Declaración Informativa para que la JSF, Ambac y FGIC afinaran el entendido inicial. La jueza accedió y determinó reanudar la vista el próximo 27 de julio.
Acto seguido, Swain decidió en sala que a excepción de las objeciones de Ambac y FGIC -que ahora se negociarían con la JSF- denegaba los reparos de los demás acreedores que buscaban detener la aprobación de la Declaración Informativa.
Swain estableció que su orden era preliminar y que en ciertos casos, los objetores podrían presentar sus argumentos nuevamente durante el juicio para analizar si el PDA es razonable y obra en el mejor interés de los acreedores.
Pero a su vez, Swain acompañó su fallo con múltiples instrucciones a la JSF. Entre los ajustes solicitados, Swain pidió a la JSF revisar la Declaración Informativa para que en esta se explique a los acreedores el riesgo que supondría la negativa del gobierno a avalar el PDA y preparar la legislación que sería necesaria para su implementación.
Con su decisión, Swain abrió la puerta al proceso de confirmación del PDA bajo el Título III de Promesa, y con este, la etapa de votación para que los acreedores se expresen a favor o en contra del plan. En un calendario, que estaría sujeto a cambios, Swain estableció que el juicio para determinar la razonabilidad del PDA comenzaría el próximo 8 de noviembre.