En $939 millones el costo de la quiebra

¿Invertiría usted $1 para ahorrar cerca de $30? Eso, en esencia, es lo que plantea la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en el paquete informativo que enviará a los acreedores del gobierno central en los próximos días y que establece que hasta el mes pasado, el proceso de bancarrota -que busca erradicar unos $72,000 millones en deuda pública- le ha costado a los contribuyentes puertorriqueños unos $939 millones.
Según la Declaración Informativa aprobada por la jueza Laura Taylor Swain, hasta el pasado 13 de junio, los gastos y honorarios legales, financieros y de consultores de los casos de Título III totalizaron $939,137,623.49.
En contraste, según la JSF, los esfuerzos de reestructuración de bonos han resultado en un alivio de $27,500 millones por principal e intereses dejados de pagar. La cifra no incluye los alivios que según la JSF, se darían si la jueza Swain confirma el Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central.
La JSF alega que el gobierno central también verá otros $932 millones en ahorros como resultado de la anulación de la Ley 29, el estatuto que condonaba a los municipios el pago de la aportación a la reforma de salud y las pensiones.
Del total de gastos y honorarios, al pasado 13 de junio, alrededor de la mitad -unos $503 millones- corresponden a abogados. Los asesores financieros -entre estos, firmas como Citi que ayudaron a estructurar la deuda de la isla antes de la quiebra- han cargado con la segunda tajada de facturación ascendente a $278 millones.
En tanto, los consultores, en su mayoría trabajando para la JSF y entre estos, la controversial firma McKinsey & Co., han facturado $158 millones.
El Equipo de Mediación creado por la jueza Swain y que habría facilitado los acuerdos entre la JSF, bonistas y otros acreedores ha costado unos $2.8 millones.
En total, unas 50 firmas han participado del proceso de reestructuración de Puerto Rico.
Los gastos por entidad
Al agrupar los gastos por cada parte en el proceso de reestructuración, los honorarios de los contratistas de la JSF ascendían hasta el pasado 13 de junio, a $493 millones y aquellos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el gobierno superaban $284 millones. La facturación del Comité Oficial de Retirados (COR) y el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, en inglés), los dos grupos de acreedores nombrados por el Síndico de Estados Unidos, han facturado en conjunto -aunque operan por separado- unos $139 millones.
En tanto, el Agente de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), una figura que se creó para resolver el impasse entre bonistas, el UCC y la JSF -para luego repartirse los recaudos comprometidos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) entre ellos- ha costado casi $21 millones.
El cedazo del examinador
El pasado 27 de julio, el oficial examinador de los Casos de Título III, Brady C. Williamson, informó a la jueza Swain que, a esa fecha, la facturación ascendía a unos $960 millones, es decir, unos $21 millones más que hace seis semanas.
Al presente, desde el inicio de los casos de Título III hace cuatro años hasta enero pasado, han transcurrido 11 períodos de facturación, según el informe de Williamson y que hace referencia a la marca de $1,000 millones en honorarios y al hecho de que aún falta al menos otro año de procesos judiciales.
"El oficial examinador ofrece esta guía porque los gastos profesionales asociados con un procedimiento de confirmación (del PDA del gobierno central) de 10 días, si no se controlan cuidadosamente, tienen el potencial de sumarse, de manera significativa, a la ya notable carga que representan los gastos y honorarios profesionales para el gobierno de Puerto Rico", agregó Williamson en otro escrito del pasado 13 de julio.
El retorno de la inversión
Desde la perspectiva de la JSF, cada dólar gastado en el proceso de reestructuración ha obrado para bien.
Considerando los números de la JSF, podría decirse, que cada $1 invertido en abogados y asesores ha dejado al fisco cerca de $30 en pagos que no se efectuarán. En dólares y centavos, los ahorros que se verían al cabo de dos décadas, serían casi equivalentes al presupuesto consolidado del año fiscal en curso.
Según la Declaración Informativa y entotal, la JSF se adjudica sobre $43,328 billones en alivios para Puerto Rico. Pero esa cifra incluye la avalancha de reclamaciones duplicadas que generó el proceso de Título III y que, en realidad, no son deudas exigibles contra el gobierno.
A la fecha, la JSF ha promovido o respaldado la reestructuración de cinco emisores de deuda.
En Cofina, el acuerdo bajo el Título III de Promesa habría ahorrado unos $17,500 millones en servicio a la deuda. En las reestructuraciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), bajo el Título VI, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), se ahorrarían $2,500 millones.
Mientras, la reestructuración de los Bonos de Obligación de Pensiones (POBs en inglés) en la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) incluida en el PDA del gobierno central, supondría otro alivio de $7,500 millones en principal e intereses.
Como los bonistas de Cofina podrían recuperar casi la totalidad de lo prestado si la economía mejora, la reestructuración de los POBs -bonos que en principio, se vendieron solo en Puerto Rico- sería la más agresiva. En ese caso, los bonistas recuperarían a lo sumo unos $325 millones de $7,800 millones adeudados en principal e interés.
Pese a tales ahorros y otros previstos en el PDA, y aunque funcionen las reformas económicas que ha requerido la JSF, el plan fiscal del gobierno establece que Puerto Rico encararía déficit presupuestarios, a partir de la próxima década.