Ley Lafkenche: Comunidad indígena vuelve a la carga para impugnar el rechazo a más de 620 mil hectáreas

Tras un nuevo rechazo de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén el 9 de diciembre a la solicitud Espacios Costeros Marinos Pueblos Originarios (ECMPO) que involucraba más de 620 mil hectáreas de territorio marítimo, la comunidad indígena Pu Wapi volvió a la carga para pedir un nuevo pronunciamiento al respecto.
Pu Wapi, que posee 27 integrantes de la comunidad (representa a 23 familias), solicitó el ECMPO Cisnes correspondientes a 227.272 hectáreas. Sin embargo, previo a la última votación presentó una propuesta formal para delimitar las áreas, reduciendo en un 53% las hectáreas requeridas.
En un escrito ingresado ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, la comunidad Pu Wapi -representada por el abogado Felipe Guerra- planteó que la comisión regional no estaría cumpliendo con el dictamen de la Corte Suprema. El máximo tribunal ordenó retrotraer el proceso hasta la fase de pronunciamiento, puesto que no se habría considerado el uso consuetudinario como parte de los factores para rechazar la solicitud en primera instancia.
En el documento, Guerra cuestionó al Gobierno Regional de Aysén luego de que la entidad presentó un escrito ante la Corte de Apelaciones señalando el cumplimiento de lo ordenado y acompañando un breve acta de la sesión que terminó rechazando los ECMPO.
El equipo legal de Pu Wapi enfatizó que "se ha acompañado un acta de dos páginas, que ni siquiera registra las intervenciones de los integrantes de la Comisión". De esta manera, indicó que ese documento no sustituye el acto administrativo terminal, por lo que pidieron al tribunal "tener por incumplida la sentencia definitiva" hasta que no se entregue dicho acto.
Por otra parte, la comunidad también pidió tener en cuenta que en la comisión regional se negaron a evaluar la propuesta de reducción de las hectáreas solicitadas en el ECMPO. Tampoco se consideró la iniciativa de establecer nuevas instancias de diálogo para ajustarse a lo ordenado por la Corte Suprema.
"Los integrantes malinterpretaron lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en el sentido de que les había ordenado rechazar la solicitud, pero mejorando la fundamentación", señalaron. En esa línea, sostuvieron que la Corte Suprema planteó que la administración debía realizar un "esfuerzo real de ponderación y compatibilización, indicando que debe conciliarse el objetivo de la figura del espacio concreto, compatibilizando la finalidad de protección de usos consuetudinarios de las comunidades indígenas, lo cual fue imposible al negarse a tener a la vista las propuestas de reducción".
Pu Wapi aseguró que "permitir que un fallo del máximo tribunal de la república se pueda incumplir", obligaría a "iniciar nuevamente una larga etapa de impugnación". Por lo tanto, insistieron en que se ordene a la CRUBC de Aysén a "dictar un nuevo pronunciamiento cumpliendo los lineamientos del fallo, dejando sin efecto lo obrado en contravención".
Al respecto, Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, señaló que "el Gobierno Regional dio estricto cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema, pues esta ordenó 'retrotraer el procedimiento a la etapa de pronunciarse nuevamente' y fue exactamente lo que ocurrió el pasado 9 de diciembre (...). Es evidente que quienes no estén conformes con el rechazo unánime y transversal a la ECMPO busquen objetar dicha decisión".
Por su parte, Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, aseguró que "cualquier acción judicial implica tiempo y recursos adicionales, lo que en la práctica significa una nueva dilación de un proceso que ya lleva casi 8 años". Agregó que este recurso "es una clara señal de que los solicitantes no quieren acatar lo resuelto por una amplia mayoría".
La otra inquietud
Los espacios costeros para pueblos originarios en la Región de Aysén no son los únicos que provocan inquietud en el sector acuícola.
El 23 de diciembre, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aprobó el plan de administración del ECMPO Mañihueico Huinay, en la Región de Los Lagos. Según acusan en la industria salmonera, fueron excluidos de este plan, lo que genera una mayor incertidumbre jurídica para el desarrollo de la actividad.
Patricio Flores, abogado y fundador de la Consultora Borde Costero, aseguró que la tramitación de este ECMPO se ha prolongado durante 15 años y se han desarrollado diversos espacios de diálogo entre actores productivos y las comunidades. Sin embargo, sostuvo que la exclusión del sector salmonicultor en el Plan de Administración de este ECMPO "puede generar efectos perjudiciales graves".
Entre ellos, Flores describe que puede afectar en términos de "denegación de solicitudes de concesiones marítimas y/o acuícolas existentes al interior del ECMPO, al no contemplarse su compatibilidad con los fines del espacio ni mecanismos formales de integración".
Asimismo, el abogado afirmó que podrían generarse una "imposibilidad u obstáculos complejos para materializar procedimientos que tengan por finalidad la modificación de proyectos técnicos de concesiones de acuicultura vigentes (por ejemplo: ampliaciones de biomasa autorizada y su competencia en sede ambiental)" y la "tramitación de nuevas solicitudes o ajustes técnicos necesarios para la continuidad operativa, afectando la planificación productiva y la inversión".
"Es una muy mala señal. Como gremio, pese a haber actuado de manera proactiva y de buena fe, participando en mesas de trabajo que buscaban armonizar la presencia de todos los actores presentes del borde costero, se nos dejó deliberadamente fuera del plan y de la última etapa del proceso", dijo Tomás Monge, de SalmonChile. "Esto sienta precedentes complejos, generando una pérdida completa de las confianzas entre los diversos intervinientes, y pensando en futuras solicitudes en trámite".
Monge advirtió que esta situación "genera una enorme incertidumbre jurídica", puesto que el plan de administración "define entre otros aspectos los métodos de resolución de conflictos y las reglas específicas para actuar dentro del espacio". Afirmó "al quedar excluidos, quedamos con muchas dudas sobre cómo se podrán desarrollar a futuro diferentes tramitaciones, como concesiones marítimas, relocalizaciones, ampliaciones y aspectos operacionales básicos para nuestra actividad".
Flores planteó que la omisión de la industria salmonicultora en el Plan de Administración del ECMPO Mañihueico Huinay "no solo desconoce un proceso participativo real y documentado, sino que además instala un precedente preocupante para la implementación de la Ley Lafkenche, el cual puede erosionar su legitimidad institucional, si no se ajusta con criterios de equidad, coherencia y respeto al principio de buena fe, todo ello en consonancia con la Política Nacional del Uso del Borde Costero".
Desde Salmonchile aseguran que establece "un precedente gravísimo" al "infringir principios básicos como la transparencia, acceso a la información y no permitió a la salmonicultura plantear nuestros puntos de vista, en calidad de terceros interesados y afectados por este tipo de actuaciones (...). Es, además, un nuevo 'amarre' de la actual administración a meses de terminar el gobierno, tal como lo hemos visto con la Ley SBAP con sus reglamentos y lo visto con los sitios prioritarios".
COMUNIDAD Pu Wapi posee 27 integrantes de la comunidad y representa a 23 familias.