El conflicto que dejaría a Nacional sin competir

6
de agosto
La fecha de cierre de inscripciones de jugadores en la Liga Colombiana. Nacional espera respuesta antes de esa fecha.
Redacción deportes - CON FUTBOLRED @ELTIEMPO
Un litigio que lleva más de tres años entre Atlético Nacional y Cortuluá, por la transferencia del jugador Fernando Uribe, podría sacudir los cimientos del fútbol colombiano. El club antioqueño, el más grande del país y dos veces campeón de la Copa Libertadores, podría estar en riesgo de quedar desafiliado de la Dimayor por acudir a la justicia ordinaria. El tema es tan urgente que se convocó a una asamblea extraordinaria con todos los clubes profesionales para este miércoles. Nacional no puede inscribir hoy jugadores nuevos mientras no le pague a Cortuluá cinco millones de dólares. Y ahora, los verdes presentaron un acción de tutela para que se les respete, según ellos, el debido proceso. Para entender este lío hay que ir hasta 2012, cuando Uribe llegó a Nacional procedente del Chievo Verona. Cuando Cortuluá transfirió el jugador a Italia se reservó el 50 por ciento de los derechos económicos y eso se mantuvo cuando volvió al país. A mediados de 2014, Nacional cedió a Uribe a Millonarios y posteriormente, el jugador se fue con los derechos en la mano, al no renovar ni con Nacional ni con Millos. Ahí comenzó el litigio, porque en el acuerdo que Cortuluá y Nacional firmaron, el jugador se tasó en 10 millones de dólares. El club vallecaucano exigió su 50 por ciento, es decir, 5 millones. Las comisiones del Estatuto del Jugador de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol fallaron a favor de Cortuluá. Eso fue en 2018. Nacional llevó el caso al TAS, que ordenó al club verde pagar 150.000 dólares, correspondientes a la mitad del valor del préstamo, cifra que ya se giró. Pero Cortuluá llevó el caso al Tribunal Superior Suizo, que anuló el fallo por falta de jurisdicción. Es decir, que lo que está en pie fue lo que se decidió en Colombia. El club vallecaucano adujo que se perjudicó por la actuación de Nacional. "Cortuluá nunca hubiera dado visto bueno a un préstamo sin renovación porque la trampa se veía venir, es un jugador importante y tenía que firmar por mínimo tres años, pero lo desconocieron. Las cosas se deshacen como se hacen. Y Nacional lo dejó perder en el segundo año", explicó el presidente de Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, a Futbolred. ¿Por qué ese valor? El que habla ahora es el expresidente de Nacional Juan Carlos de la Cuesta, quien estaba a cargo del club cuando se hizo la negociación: "Tomamos la decisión de que fueran 10 millones de dólares porque si fueran 5 millones y al tener que repartir el valor por mitades, se tenía que descontar el valor de la compra y a Nacional no le quedaban sino 500.000 dólares, por eso elevamos el precio, para que fuera equitativo para Nacional y para Cortuluá. Pero siempre basado en una venta", explicó De la Cuesta en El VBar, de Caracol Radio. Nacional echó mano de todo su arsenal jurídico, incluyendo al exfiscal Néstor Humberto Martínez, cuyos argumentos podrían echar abajo, incluso, las instancias de la justicia deportiva de la Federación. "Nosotros no estamos llevando el caso a la justicia ordinaria, lo que estamos haciendo es que el juez de tutela sea la justicia que defina el tema con base en el régimen federativo y el régimen de la Fifa. En las normas de la Federación y de la Fifa no aparece que la decisión de la comisión del estatuto del jugador no sea una instancia judicial. En Colombia nadie está obligado a pagar un dinero si no hay un fallo jurisdiccional, estamos buscando que se restablezca esa instancia. Yo he conversado con el doctor Martán, para que nos reunamos con un tribunal que diga que se les debe ese dinero. Si eso es así, al día siguiente ya tendrán esa plata, mientras eso no exista no se podrá pagar esa obligación que no existe". Mientras tanto, los cinco jugadores que contrató Nacional (Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Ruyery Blanco, Nelson Palacios y Yeison Guzmán), que no han podido jugar porque no están inscritos, presentaron acciones de tutela por separado, alegando el derecho al trabajo. A tres de ellos ya se las declararon improcedente, pues la responsabilidad de lo que está sucediendo es de su empleador. Y el viernes se cierran las inscripciones, por lo que el proceso debe tener solución pronto. ¿Quién tiene la razón?
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