Fiscalía decide no perseverar en la investigación de 34 indagados en caso SQM, incluido exministro Peñailillo

A seis años del inicio del caso SQM, en que el Ministerio Público investigó el financiamiento ilegal de campañas políticas que involucró a la minera no metálica y otras empresas, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, decidió que no seguiría adelante con las pesquisas respecto de 34 indagados -que no llegaron a ser formalizados- y comunicó su decisión de no perseverar al 8º Juzgado de Garantía de Santiago hace algunas semanas.
"Las personas respecto de quienes se comunicó la decisión de no perseverar corresponde a aquellas que no fueron querelladas por el Servicio de Impuestos Internos (SII). Ello a pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad, el último de los cuales fue respondido por el organismo fiscalizador en febrero de este año, confirmando su criterio previo de no ejercer acción. Así, en cumplimiento de nuestros propios instructivos internos y en orden a no mantener permanentemente abierta una indagación, se comunica la decisión de no perseverar", explica la persecutora a "El Mercurio".
Entre quienes resultaron beneficiados con lo resuelto por la persecutora se encuentra Rodrigo Peñailillo, exministro del Interior bajo la administración de Michelle Bachelet, así como otros exintegrantes de la G-90. Fue el caso también de Harold Correa (PPD), exjefe de gabinete del ministro Nicolás Eyzaguirre cuando era titular de Educación y cercano a Peñailillo, así como de su socio en el estudio de abogados Harold's & Johns Business & Law Limitada, Alex Matute Johns, hermano del fallecido Jorge Matute.
La fiscalía investigó a Peñailillo y Correa porque aparecieron en la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios SpA (AyN), de Giorgio Martelli, quien fue condenado a 800 días de presidio remitido por delitos tributarios en un procedimiento abreviado, en 2017. Pena que ya está cumplida.
Uno de los hechos que el Ministerio Público le imputó fue la facilitación y emisión de 23 facturas a SQM Salar, mediante su empresa AyN en 2012 y 2013, que sumaban cerca de $246 millones, por servicios inexistentes y que, según los antecedentes reunidos en la investigación, fueron destinados a pagar parte de la precampaña de Bachelet. En sus declaraciones ante la fiscalía, el geógrafo sostuvo que el origen de AyN fue el financiamiento de varios profesionales que requerían tiempo para preparar información y análisis, con miras a "una nueva opción de gobierno", y que fue Peñailillo quien fijó su propio ingreso y el nombre de a quienes contratar.
Sin embargo, esa versión fue negada por Peñailillo en su oportunidad. Y, cuando declaró en 2015, el exministro dijo desconocer que a partir de sus informes se hubieran obtenido pagos de SQM Salar.
Hijos de Pizarro, de Eguiluz y la hermana de Rossi
También en el listado respecto de quienes la fiscalía no perseverará en la investigación están los hijos del senador de la DC Jorge Pizarro, quien ya se encuentra sobreseído en el caso. Se trata de Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, a quienes se les indagó por "declaración falsa de impuestos de Ventus Consulting S.A. (...), cuya representación tenían, y por la facilitación de 11 facturas emitidas por Ventus Consulting S.A. a SQM S.A.", se lee en el documento del Ministerio Público.
Sebastián Pizarro, quien también fue indagado en esta causa, fue condenado a una pena remitida -consistente en firma mensual de un año- en marzo de 2020.
La misma decisión se adoptó en relación con el exdiputado de la DC Roberto León por la facilitación de 46 boletas emitidas por Roberto León Araya -su hijo- a SQM S.A.; 4 boletas emitidas por Miguel Salazar Beltrán (exjefe de gabinete de Eduardo Frei Ruiz-Tagle) a SQM. S.A.; 7 facturas exentas emitidas por el Centro de Estudios Legislativos, Asesorías y Consultorías S.A. (Celac) a SQM S.A., según el escrito de la fiscalía.
El Ministerio Público, asimismo, no perseverará respecto de Irina Rossi, hermana del exsenador (ex-PS) Fulvio Rossi. Ella fue investigada por "por la facilitación de boletas emitidas por María Zaror, René Madariaga y Mariela Molina y la factura de la empresa Imaginarium, emitida por Marco Quintanilla, a SQM S.A.", de acuerdo al documento ingresado al tribunal.
Junto con ellos, la fiscalía igualmente optó por no seguir adelante con la investigación respecto de Joaquín Eguiluz, hijo de Claudio Eguiluz, condenado a 800 días de presidio remitido en este caso por delitos tributarios y quien ganó recientemente la presidencia de RN en el Biobío. A su hijo se le atribuía "la facilitación de 9 facturas de la Sociedad Consultora KTZ Ltda. a SQM S.A.", según el escrito de la fiscalía.
La misma decisión se tomó en relación con Roberto Guerrero del Río, a quien el Ministerio Público indagó por "13 facturas de Guerrero y Compañía a SQM S.A.". Cuando declaró ante la fiscalía, poco después de iniciado el caso, descartó cualquier irregularidad, afirmando que prestó servicios directos al exgerente de SQM. Dijo además, en esa ocasión, que si bien fue socio del fallecido político UDI Jovino Novoa, fue en un estudio de abogados distinto al indagado.
El 1 de abril pasado la fiscalía había dispuesto el cierre de esta línea investigativa del caso SQM y, posteriormente, ingresó el escrito al tribunal con el listado de 34 personas -una de ellas fallecida, por lo que fue sobreseída- para que se programara una audiencia, la que ya se realizó.
Exgerente, políticos y otros acusados van a juicio oral
La causa principal está hoy en preparación de juicio oral.
"Efectivamente estamos en pleno desarrollo de la audiencia de preparación de juicio oral desde el 1 de junio pasado", confirma la fiscal Perivancich.
El Ministerio Público presentó acusación contra ocho personas. Entre ellas, el exgerente de SQM Patricio Contesse, imputado por delitos tributarios y soborno; el exsenador Pablo Longueira, a quien se le atribuye solo cohecho, y el presidenciable del PRO Marco Enríquez-Ominami, formalizado por delitos tributarios.
Si bien fueron más de un centenar los imputados, los restantes ya están condenados en procedimientos abreviados, accedieron a una salida alternativa, se resolvió no perseverar respecto de ellos, o bien fueron sobreseídos, como el senador Pizarro y el excongresista Fulvio Rossi.
Imputados
Más de un centenar de imputados llegó a tener esta causa y sus distintas aristas.
''Las personas respecto de quienes se comunicó la decisión de no perseverar son aquellas que no fueron querelladas por el SII. Ello a pesar de reiterados oficios remitidos a dicha entidad, el último de los cuales fue respondido por el organismo fiscalizador en febrero de este año confirmando su criterio previo de no ejercer acción".
CLAUDIA PERIVANCICH FISCAL REGIONAL DE VALPARAÍSO Y QUIEN DIRIGE LA INDAGATORIA