Antauro Humala empieza a presionar por su indulto

Por rodrigoCruzPeriodista

Uno de los internos del penal Ancón I cuenta impaciente los días para que se haga realidad una de las tantas promesas temerarias que hizo el entonces candidato Pedro Castillo. Es Antauro Humala, quien aguarda que el mandatario cumpla su ?palabra de maestro? de indultarlo una vez llegado a la presidencia. Pero han pasado más de cincuenta días y al condenado por el ?andahuaylazo? se le acaba la paciencia. Su abogada Carmen Huidobro lanza el destemplado desafío de que si en dos semanas no cumple lo que dijo, las bases etnocaceristas saldrán a las calles.

El pasado 3 de agosto, cuatro días después de que Aníbal Torres asumiera el cargo de ministro de Justicia, Humala le envió un oficio para solicitar ser escuchado. Dos días después, Ricardo Repetto, su hijo político, le envió a Castillo una carta firmada por el etnocacerista haciéndole recordar su promesa de liberarlo. En la campaña, el entonces candidato de Perú Libre dijo: ?Una vez siendo elegido presidente, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales lo exigen?.

?Cambio de penal?

El condenado a 19 años de prisión por homicidio, secuestro y rebelión dice que no le corresponde estar en Ancón I y considera ilegal que continúe encerrado en ese establecimiento. Su abogada afirma que su defendido está clasificado en un régimen cerrado ordinario (más flexible) y no en uno cerrado especial (el más restrictivo), el cual solo puede cumplirse en tres centros penitenciarios del país: Ancón I, Challapalca y Cochamarca. Por ello, el etnocacerista reclama ser transferido a un penal con menos restricciones.

Para sustentar su posición, Huidobro muestra un hábeas corpus del 2012, el cual ordenó el traslado de Humala de la Base Naval al penal Virgen de la Merced. A su criterio, la resolución acredita el régimen carcelario de su patrocinado. Sin embargo, este Diario le hizo la consulta al INPE. Ellos señalan que Humala está en un régimen cerrado especial etapa C. Por lo tanto, está en el lugar que le corresponde.

No obstante, las bases etnocaceristas insisten en su posición y en sus diferentes grupos de WhatsApp han empezado a circular afiches con el mensaje: ?Pedro Castillo, Antauro, ¿para cuándo??.

?Desde el Congreso?

En el ámbito político ya empezaron a ejercer presión a través de un congresista de Perú Libre, que contaría con el respaldo de Vladimir Cerrón. El pasado 14 de setiembre, el parlamentario Abel Reyes le envió un escrito al ministro Torres para solicitar información sobre el régimen carcelario de Humala y anunció que lo iría a visitar. ?He tomado conocimiento de presuntas irregularidades que se estarían cometiendo contra el interno?, escribió. El Comercio intentó comunicarse con el legislador sobre su visita, pero no atendió nuestras llamadas.

Quien comentó el escrito de Reyes fue Cerrón a través de Twitter. ?Cierto?, dijo el fundador de Perú Libre sobre la afirmación del parlamentario acerca de que el líder etnocacerista se encontraría ?indebidamente? en un régimen carcelario que no le correspondería. Además, Cerrón dijo en agosto que si Castillo prometió el indulto, debe cumplirlo.

Fuentes cercanas al interno aseguran que este se empezó a impacientar cuando supo que Vladimiro Montesinos fue trasladado a Ancón I y al enterarse de que lo mismo pasaría con los terroristas que quedan en la Base Naval.

Sobre esto último, el INPE ha dicho que el traslado se dará cuando se termine de construir un pabellón especial en Ancón I. Ello en virtud a un proyecto que dejó el exjefe del INPE José Luis Pérez Guadalupe. No obstante, el convenio firmado entre la Marina y la entidad penitenciaria para recluir internos civiles en la Base Naval vence en diciembre.

Pérez Guadalupe dijo a este Diario que ?sería un suicidio político mover a los terroristas de la Base Naval? antes de que se construya el pabellón especial. ?Yo dejé un proyecto listo para construir un pabellón de extrema seguridad, pero los gobiernos siguientes no hicieron nada para avanzarlo?, explicó el exministro. También remarcó que el cambio de Montesinos se debió a que vulneró la seguridad del centro de reclusión.

Para la abogada de Humala, el traslado del exasesor es una demostración de la voluntad del gobierno en colocar a los internos donde les corresponde. Por eso, agrega, espera que en el corto plazo pase lo mismo con su defendido.

Un etnocacerista, que prefiere no identificarse, describe así la espera de ver a su líder en libertad: ?Si el presidente no cumple su palabra de maestro, conocerá la de los reservistas?. Al cierre de esta edición, el ministro Torres no ha respondido la carta de Humala. Un motivo más que ha puesto impaciente al controvertido interno de Ancón I.

Especialistas advierten riesgos en decreto sobre régimen penitenciario

Con el fin de que el interno Vladimiro Montesinos sea trasladado a Ancón I bajo un régimen penitenciario más estricto, el gobierno de Pedro Castillo emitió el pasado 24 de agosto un decreto supremo que modificó el reglamento del Código de Ejecución Penal (CEP) y añadió una etapa más severa. Especialistas advierten riesgos sobre el cambio que ha efectuado el gobierno.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, afirmó que el Ejecutivo incurre en un error, pues intenta cambiar el CEP a través de la modificación de su reglamento. ?Si desde ahora van a modificar leyes a través de la modificación de los reglamentos, el precedente es nefasto?, dijo.

De la misma opinión es Carlos Zoe Vásquez, exjefe del INPE, quien afirmó: ?Si se quiso incluir una nueva etapa de un régimen penitenciario, se tuvo que modificar el CEP, que es una norma con rango de ley, y no por un decreto supremo?. Agregó que una consecuencia de ello es que abriría la puerta para que un interno ?plantee un hábeas corpus diciendo que se ha atentado contra su libertad al trasladarlo contraviniendo lo que dice el CEP?.

No obstante, para los especialistas, el decreto supremo firmado por Castillo y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, tiene un aspecto más grave. Este es el de añadir que uno de los requisitos para que un interno pase al régimen más estricto es el de contar con una resolución de la presidencia del INPE. Vázquez expresó que ?jamás la presidencia del INPE ha tenido facultades para disponer a qué penal se hace el traslado o tener alguna injerencia porque de eso se encarga un consejo técnico?. Pérez Tello, en tanto, sostuvo que ello es ?politizar las decisiones técnicas?.

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@VLADIMIR_CERRON

Vladimir Cerrón