Arsenal incautado refleja rol de Región de Valparaíso en tráfico de armas que abastecería a delincuencia

Una delación compensada fue lo que la subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, exhibió como el primer resultado del naciente Centro Integrado de Coordinación Policial (Cicpol), que coordina a las policías y agencias del Estado en identificar y combatir fenómenos delictivos complejos.
La incautación de 63 armas -pistolas, revólveres y hasta fusiles de guerra- y 10 mil cartuchos de municiones fue lograda por la Brigada Investigadora de Robos de la PDI la semana pasada durante allanamientos en San Esteban, Villa Alemana y Quilpué, fruto de la cooperación eficaz brindada por uno de los tres detenidos en un procedimiento anterior, que tuvo lugar en esta última ciudad de la Región de Valparaíso.
Esa vez, la operación Máuser I incautó 13 armas de fuego y 1.700 municiones, y los antecedentes recogidos permitieron ahora capturar a otras cinco personas, en la Máuser II. Todas fueron formalizadas por el fiscal Elizardo Tapia por tráfico de municiones y armas, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia de municiones prohibidas, y el viernes el juez de Garantía de Valparaíso Lucas Ponce ordenó su prisión.
Entre los detenidos hay profesionales vinculados al área del medio ambiente, matrón, consultores técnicos y jefes de familia que se definieron como amantes de la caza y de las armas y, sus defensas alegan, sin vínculos delictuales.
Uno de los detenidos, O. E.V. P., a quien se le halló mayor cantidad de armas, es socio de un club de tiro, lo que llevó al director nacional de la PDI, Eduardo Cerna, a sostener que la "autorización para inscribir y tener armas de fuego permitió establecer una estructura de tráfico y distribución".
Intervención telefónica
Las defensas apuntan a un perfil alejado de lo criminógeno de sus clientes, padres y abuelos cuyas edades fluctúan entre los 61 y 72 años. Y cuestionaron la "falta de evidencia" de transferencias a bandas criminales activas, lo que debió definir su conducta como mera tenencia ilegal, con penas más bajas y que permite medidas cautelares en libertad, y no a almacenamiento destinado a traficar.
Pero el juez Ponce ponderó que los diálogos que los detenidos sostenían entre sí y con los imputados de la primera investigación arrojan un sentido concordante con las acusaciones de la fiscalía. "Ellas dicen relación con actos de adquisición, entrega, intercambio, reparación, mantención, tenencia y circulación de armas, municiones y accesorios", dijo.
El fiscal Tapia destacó que uno de estos audios muestra a uno de los imputados coordinando la compra de un silenciador mediante plataformas de e-commerce de China, a sabiendas de que ello está prohibido. En tanto, a V.H.M.M se le encontraron 31 cartuchos de municiones de punta ahuecada.