CEPA evadió la LACAP en supervisión de aeropuerto

Rosa María Pastrán
La contratación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) como supervisora del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional San Óscar Romero no cumplió con los parámetros que exige la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), según ha determinado la Corte de Cuentas de la República (CCR) en un examen especial al proyecto.
La junta directiva de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) autorizó la supervisión de UNOPS por recomendación de la Gerencia de Ingeniería de la autónoma, mediante una enmienda al Acuerdo de Asistencia Técnica que ambas entidades firmaron en 2016.
Los funcionarios que integraban la junta directiva en ese momento sostienen que este documento forma parte del marco general de cooperación que el Gobierno de El Salvador firmó con la agencia de Naciones Unidas en 2007.
En su informe, la Corte subraya que la empresa estatal no permitió la competencia entre proveedores de este servicio para hacer una selección transparente, reducir costos y obtener el "respaldo legal establecido en el contrato en caso de no recibir el servicio de conformidad a lo pactado".
La respuesta de la junta directiva fue que este caso está excluido de la LACAP, y que operó bajo el acuerdo del gobierno salvadoreño con la UNOPS, el cual dice que los proyectos que se ejecuten bajo este marco "se someterán a condiciones que se fijen en acuerdos complementarios".
Para reforzar su punto, citan el artículo 4 de la LACAP sobre las exclusiones: "las adquisiciones y contrataciones financiadas con fondos provenientes de convenios o tratados que celebra el Estado con otros Estados o con organismos internacionales".
Al respecto, la Corte de Cuentas aclara que la CEPA utilizó fondos propios para pagar a la UNOPS, por lo que en su opinión su selección debió someterse a la LACAP. Otra de sus observaciones es que el acuerdo de la CEPA y UNOPS no establece bajo qué ley se regirá ni detalla que no aplicará la LACAP.
CEPA financió la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Romero con fondos propios y los que obtuvo a través de titularizaciones, una opción disponible en la Bolsa de Valores de El Salvador. Con el primer fondo de titularización captó $77.7 millones en el mercado de valores, y con el segundo $39.3 millones.
La UNOPS recibió $4.1 millones por supervisar la ampliación del aeropuerto, una cantidad que está considerada en la LACAP, según la CCR, entidad que además cuestionó que el acuerdo entre las partes careciera de procedimientos para imponer multas, presentación de garantías o para regular subcontrataciones, lo que contraviene la LACAP y su reglamento.
"La deficiencia ha originado que CEPA se encuentre sin recursos legales para reclamar en caso de no recibir el servicio de conformidad a lo pactado", dice el examen. La CEPA, por su parte, insiste en que la designación de la UNOPS se basa en un acuerdo internacional suscrito por el Estado salvadoreño, por lo que tiene una "aplicación preferente respecto de las leyes nacionales".
Los auditores de la CCR remarcan que en el acuerdo complementario que firmaron las partes no existen condiciones que le garanticen a la CEPA que por el monto pagado la UNOPS, esta "le prestará los servicios esperados", y que no se trata de un acuerdo de cooperación sino de la venta de un servicio.
Otra de las fallas detectadas por la Corte de Cuentas es que la CEPA no designó a un administrador de contrato que verificara que la supervisora cumpliera con la entrega del servicio en las fechas acordadas o su control de calidad.
Una de los compromisos asumidos por las partes, según el acuerdo de asistencia técnica, es que habría una transferencia de conocimientos a los empleados de CEPA para fortalecer las capacidades de la institución; sin embargo, la CCR dijo que no encontraron los documentos suficientes para comprobar que se cumplió con esta disposición.
A todas estas observaciones, los funcionarios que formaban parte de la junta directiva entre 2018 y 2019, los años que abarca el examen, respondieron que su actuación fue legal ya que para ellos el trato con UNOPS está excluido de la LACAP.
La representación de la UNOPS en El Salvador, por su parte, asegura que "ha contribuido a garantizar altos estándares de calidad de la obra, en base a buenas prácticas de ingeniería y normativas internacionales en la ejecución del proyecto".
Sobre el hallazgo de la CCR en cuanto a que su contratación no cumplió con la LACAP, la agencia de Naciones Unidas respondió a LA PRENSA GRÁFICA vía correo electrónico que, desde 2007, "todos los proyectos solicitados a la UNOPS en El Salvador se ejecutan bajo el marco legal y de conformidad con el Acuerdo de Sede suscrito el 8 de febrero de 2007 entre Gobierno de El Salvador y la UNOPS".
"(UNOPS) ha contribuido a garantizar altos estándares de calidad de la obra, en base a buenas prácticas de ingeniería y normativas internacionales".