¿En qué anda la JEP?

La JEP decidió denunciar a los servidores de la Fiscalía por el caso ‘Santrich’. ¡Es de no creerlo! Ahora los que serán investigados son los funcionarios que cumplieron con su deber, mientras se frotan las manos quienes hicieron todo lo posible para obstruir la cooperación judicial con Estados Unidos y lograr el triunfo del narcodesertor. Al final, es una oportunidad para que, lejos de las pasiones y la perfidia, haya un pronunciamiento judicial en este asunto, como ya sucedió en el episodio de corrupción del fiscal Bermeo, frente al cual el Tribunal Superior de Bogotá sostuvo que no hubo entrampamiento ni maniobras ilegales. Por cierto, en ese proceso el abogado de la misma JEP pidió que, luego de concluido, continuara la investigación, dado que en ella se mencionaba también a "secretarios, magistrados auxiliares, incluso algún titular" de la JEP. Esta no mostró interés en llegar al fondo de lo denunciado por su propio abogado y optó por destituirlo. Curioso, ¿verdad? La garantía de no extradición se consagró en la Constitución "únicamente respecto de conductas cometidas con anterioridad a la firma del acuerdo", como lo decidió la Corte Constitucional cuando sostuvo que el Tribunal de Paz podía conocer del caso ‘Santrich’ solo para determinar la fecha precisa de la realización de la conducta atribuida. Y las evidencias en su poder, aportadas inclusive por el Gobierno americano, demostraban con creces que el delito había ocurrido después del 1.º de diciembre de 2016. Suficiente para que cumpliera con su deber. En esa época se le pidió a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía el respectivo expediente de extradición, lo cual se cumplió cabalmente. Pero ahora se sabe, con la denuncia, que lo que realmente le importaba, sabe Dios con qué propósito, era tener acceso a unos "audios y videos" y a unas solicitudes de asistencia judicial de los Estados Unidos, que no formaban parte del tal expediente y que eran superfluos para su tarea, porque ya poseían la fecha de la sindicación. Aun así, la Fiscalía fue más allá de lo pedido y le entregó unas interceptaciones existentes en el caso de Marlon Marín, quien vino a saberse por accidente era el contacto de ‘Santrich’ en sus oscuras andanzas, que permitían reafirmar que los hechos eran posteriores al acuerdo de La Habana. Pero, igual, les fueron insuficientes. Los reparos de la denuncia son producto de simples equívocos, que habrán de aclararse. Por ejemplo, se dice que no se envió copia de los computadores incautados en unas diligencias de allanamiento en Bogotá el 9 de abril de 2018, desconociendo que dichas evidencias fueron solicitadas por cooperación judicial y, por ende, las mismas fueron remitidas al Estado requirente, sin que asuntos internacionales conservara copia, ni las conociera. Y de las 20.000 horas de interceptaciones de que se habla irresponsablemente, en ese momento, al menos, no formaban parte de un expediente contra ‘Santrich’. Todo este galimatías alimenta la tesis maniquea de que la Fiscalía quiso hacerle daño a la paz y de paso a la JEP. La verdad es otra. Fueron muchas las evidencias de que un sector de los desmovilizados siguió narcotraficando. Incumplieron los acuerdos. Para encubrir esa realidad, que sí afectó el proceso y alimentó una nueva violencia en los territorios, los apologistas de la paz usan el dedo acusador, pero en sentido contrario. En el caso de la JEP, es evidente que se pretende reescribir la historia, buscando echarles la culpa de su decisión a quienes ajustaron su conducta a la ley, pasando por alto que su descrédito, si bien se asocia al caso de corrupción probado y a la libertad de ‘Santrich’, se debe principalmente a la impunidad reinante, que sigue beneficiando a los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, pese a los 17 informes, concluyentes, que le entregó la Fiscalía hace 5 años, sobre comandantes de la guerrilla y agentes del Estado. Taponazo. La reforma política era un cadáver insepulto. Los congresistas del cambio, Ariel Ávila y Catherine Juvinao, entre otros, salieron con un chorro de babas.
El caso ‘Santrich’
Néstor Humberto Martínez Neira
En el caso de la JEP, es evidente que se pretende reescribir la historia, buscando echarles la culpa de su decisión a quienes ajustaron su conducta a la ley.