Reparación a las víctimas de la guerrilla

Es una muy buena noticia que a medio siglo del golpe de Estado haya finalmente una mayoría parlamentaria que decida reparar a las personas que fueron víctimas del accionar de grupos armados antes y durante la dictadura.



No se trata de la primera iniciativa en este sentido. Bajo la presidencia de Jorge Batlle en 2004 hubo un proyecto similar, y también bajo la primera presidencia de Tabaré Vázquez se procuró cumplir con este objetivo de reconciliación nacional en 2007, cuando el entonces presidente planteó su idea de "nunca más", que inicialmente refería a nunca más terrorismo de ninguna especie, y que las fuerzas de izquierda terminaron limitando a una consigna de nunca más terrorismo de Estado.



Con esa visión radicalmente sesgada de la historia reciente hemos transitado los últimos tres lustros de la vida del país. Por supuesto que tal visión no es novedosa, que sobre todo se ha extendido entre quienes narran el período 1960-1975, y que a partir de esa propaganda interesada ella ha ganado en legitimación mayoritaria.



Se trata así de un relato que relativiza (y a veces hasta niega) las terribles responsabilidades de la guerrilla izquierdista en el avance feroz de la violencia desde 1963 y en la caída de las instituciones democráticas en 1973, con el verso de que hubo un avance autoritario con afán golpista y represor que ya a inicios de los años 60 cundía por doquier en el país. A partir de allí, un conjunto de reaccionarios y vendidos al imperialismo contradijeron siempre los intereses del pueblo, y un grupo de bravos revolucionarios sacrificaron sus vidas con tal de procurar la felicidad de ese mismo pueblo abrumado por un autoritarismo neofascista.



Para contar esa infantil y falsa historia de buenos y malos que deja siempre bien parados a los grupos terroristas izquierdistas, la narración esconde y disimula episodios históricos relevantes - como la toma de Pando, por ejemplo, o los inhumanos secuestros extorsivos que en algunos casos terminaron en ejecuciones sumarias-. Pero también precisa, claro está, silenciar a las víctimas del terrorismo izquierdista: ocultando su existencia en libros de Historia; relativizando su importancia porque no fueron asesinados por aparatos represivos del Estado; o directamente impidiendo, durante varias legislaturas, que se reconociera que el país les debe una reparación moral, social y económica.



Todo eso es lo que se pretende cambiar con este proyecto de ley que terminará aprobándose seguramente en el correr de este año 2023. Importa mucho para el futuro de muchas familias que sufrieron cruelmente el asesinato o la incapacidad permanente de sus jefes de familia -hayan sido ellos civiles, policías o militares-, que se haya fijado un resarcimiento económico. Pero importa mucho también que esta ley sea un primer paso clave para el reconocimiento en la memoria colectiva del daño tremendo que la guerrilla hizo al Uruguay democrático y ejemplar de los años 1960.



El asunto no es menor porque incluso hoy en día hay académicos por un lado y grupos sociales vinculados a víctimas de la dictadura por el otro, que siguen pretendiendo negar y relativizar ese enorme daño. Con infinita paciencia, y con gran espíritu cívico, la inmensa mayoría de quienes sufrieron los golpes guerrilleros han esperado todos estos años de desatención y ninguneo, golpeando puertas y señalando verdades para ser reconocidos en su dolor y en su dignidad. Mientras tanto, la izquierda siguió fraguando la historia, y grupos políticos relevantes del Frente Amplio, como los tupamaros, siguieron conmemorando, por ejemplo, la infame toma de Pando de octubre de 1969 como si fuese un acto valiente, rescatable y positivo de parte de la guerrilla izquierdista.



A cincuenta años del golpe de Estado, el Uruguay da un paso muy importante en el sentido de mirar de frente su pasado violento, y darse herramientas para recordarlo con dignidad en toda su verdad y en sus dolorosas consecuencias que, en algunos casos, perduran incluso hasta el día de hoy. Es buena cosa que, además, se generen marcas de la memoria en el espacio público que recuerden a todas estas víctimas de la guerrilla, así como se han multiplicado en estos años varias de esas marcas vinculadas a los años de la represión de la dictadura.



El gobierno de la Coalición Republicana fija así un mojón importante de justicia histórica con el pasado del país que debe ser valorado por todos. Dice claramente: nunca más terrorismo de ningún tipo.