Ministros impares para el TC, división de labores en Poder Judicial y fiscalía con flexibilidad territorial, los primeros consensos en el área de justicia

La semana pasada, el fiscal nacional y los ministros de la Corte Suprema se presentaron ante el pleno de la Comisión Experta para referirse a aquellos aspectos que, a su juicio, debieran considerarse en la nueva propuesta de normativa constitucional.
Y la tarde de ayer fue el turno de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez, quien expuso la visión del organismo que encabeza sobre el debate que se está desarrollando en el ámbito judicial.
Aunque todavía falta que asista a la subcomisión función jurisdiccional y organismos autónomos para referirse con mayor detalle a estas propuestas, la presidenta de la instancia, Catalina Salem, afirma que en lo relativo al organismo "llegamos a acuerdo en el número impar de integrantes, estatuto de los jueces constitucionales, y también en sistema de nombramiento".
No obstante, precisa sobre este organismo que "lo estamos madurando en el sentido de que, al ser nuevo, todavía estamos en reflexión sobre su funcionamiento en el sistema político en general".
En lo relativo al Poder Judicial, Salem explica que "hay acuerdo en separar la actividad jurisdiccional de la no jurisdiccional, creando una estructura orgánica nueva que permita esa división", mientras que sobre el Ministerio Público "hay consenso en la necesidad de buscar mecanismos y una estructura orgánica que permita una mayor flexibilidad a nivel territorial para atender al fenómeno criminal".
Los cinco miembros de la subcomisión -que además de Salem está integrada por los comisionados Diego Lovera, Hernán Larraín, Katherine Martorell y Leslie Sánchez- tienen hasta las 23:59 horas de hoy para presentar las iniciativas de normas constitucionales de las materias que están revisando.
El mismo plazo corre para las otras tres subcomisiones que integran la Comisión Experta.
Proponen concurso público de magistrados
En tanto, durante su exposición, Yáñez planteó que el Tribunal Constitucional "valora la decisión de incluir en la estructura constitucional un capítulo relativo a la judicatura constitucional" y señaló que esta consagración "sería útil como parámetro para delimitar sus competencias, pero también constituiría una formulación pedagógica para que la ciudadanía se aproxime mejor al conocimiento de la tarea de que se encarga".
Respecto de la integración, puntualizó que "cualquiera sea el sistema de nombramiento, el punto central es garantizar el carácter jurídico de la judicatura constitucional como órgano de derecho y su autonomía". Para ello, dijo, "habría que contemplar un número impar de ministros, eliminando el voto dirimente del presidente, disponiendo que tanto el pleno como las salas del TC sesionen con un número impar, en aras de garantizar la calidad en la nominación de los miembros".
Una forma de garantizar dicha calidad, precisó, es que la nominación por los distintos poderes del Estado se haga a partir de una quina propuesta por el mismo tribunal, "como resultado de un concurso público de antecedentes".
También se refirió a la necesidad de asegurar que los magistrados sean "abogados de dilatado ejercicio profesional y destacada actividad académica o profesional", así como que se contemplen limitaciones en lo referido a que el candidato haya servido funciones en órganos encargados de su nombramiento, lo que permite "que la función docente sea la única compatible con el ejercicio de las funciones jurisdiccionales".
Delimitar el control preventivo y considerar normas transitorias
"Cabe la posibilidad de considerar un debate en la materia y en los márgenes de la intervención para la judicatura constitucional, de modo que en la eventualidad de que se mantuviera una atribución de esta naturaleza, cabría delimitar con precisión el o los objetos normativos sobre los cuales puede recaer el control abstracto y contemplar momentos específicos de la discusión parlamentaria en que podría o no activarse un mecanismo de control restrictivo", puntualizó.
Y agregó que se podría considerar un control preventivo reducido a ciertas materias o control ex post .
Finalmente, Yáñez se refirió a la transición entre el actual TC y el nuevo órgano que se defina en la propuesta constitucional, planteando que debieran incorporar disposiciones transitorias, "a efectos de dar certeza y previsibilidad para la adecuada implementación".
Medianoche
A las 23:59 horas vence el plazo para presentar iniciativas de normas constitucionales.