Accionistas, pero sin garantías

Jorge Restrepo
Una función esencial del Estado es proteger los derechos de propiedad. En eso todos en Colombia estamos de acuerdo y así está en la Constitución, que garantiza la propiedad privada. Esa garantía está en cuestión por las decisiones que ha tomado la Superintendencia de Sociedades al facilitar una eventual usurpación de los derechos de la gran mayoría de los dueños de Grupo Nutresa por un grupo de accionistas minoritarios. Como esa es una de las principales empresas del mercado público de valores, las decisiones de esa Superintendencia vulneran la confianza de los inversionistas en acciones, centenares de miles de ahorradores. Si prevalece la decisión de un funcionario, una vez tomen decisiones los minoritarios por la mayoría no habrá vuelta atrás y no importarán ni multas ni carcelazos. La historia es larga y compleja: primero buscaron apoderarse hostilmente, y a punta de préstamos de gente desconocida de casi una tercera parte de Grupo Sura, como de Grupo Argos y de Grupo Nutresa que tienen las tres una propiedad cruzada entre ellas. Después, ofrecieron comprar múltiples veces y públicamente acciones aumentando el precio cada vez -algo que sólo ocurre y autorizan en Colombia- con lo que lograron quedarse con un porcentaje menor del que buscaban, sin control. La segunda ‘jugadita’ fueron artimañas en una junta directiva para buscar que en Sura los directivos de la mayoría no ejercieran sus derechos. Por fortuna los jueces, pese a presiones de la Fiscalía, están haciendo cumplir la Ley, arriesgando su futuro. Ahora lograron -no sé cómo- que un funcionario del Gobierno, en su papel de juez, fallara a su favor y limitara el poder de decidir de las directivas de Grupo Sura y Grupo Argos. La demanda, además de ‘reservada’ (más bien oculta), la aceptó un funcionario con conflicto de interés (pues antes de serlo obró en función de los intereses de los de la toma en otra demanda relacionada con el mismo negociazo). En su decisión, decretó impedir el derecho a decidir de los directivos de Grupo Sura y Grupo Argos que representan a la mayoría. Así los minoritarios podrían decidir por todos los accionistas: quieren tener el control sin pagar por el derecho. No sólo está en juego el control de empresas que valen mucho más de lo que cuestan en el mercado público (10 mil millones de dólares a la fecha). También está en juego el sistema económico. Las cortes deben amparar y proteger los intereses de quienes han comprado con sus ahorros acciones de empresas que se comercian públicamente ante estas tácticas de captura institucional. Chance para que el gobierno haga valer sus credenciales como protector de los derechos de propiedad. Proteger el mercado público de empresas es promover la inversión, la democratización de la propiedad, la industrialización y los decenas de miles de buenos trabajos de esas hasta hoy buenas empresas. (*tengo 42 acciones de Sura. De Nugil no, pues no se transa públicamente.)
Profesor de la Universidad Javeriana. Twitter: @jorgearestrepo