Jueves, 25 de Abril de 2024

Tarifas de invierno

ChileEl Mercurio, Chile 6 de junio de 2023

Significa elevar el costo promedio de todo el sistema eléctrico y beneficiar a los hogares de mayores ingresos, subsidiados por el resto.

El Presidente, en su Cuenta Pública, hizo un anuncio recibido con fuertes aplausos de los congresistas: se acabarán las tarifas de invierno en electricidad. Luego, el ministro de Energía indicó que la medida -que empezaría a regir en 2024- tendrá, además, alcance retroactivo, de modo tal que se reliquidarán las cuentas pasadas desde 2021. Esto no afectaría, sin embargo, a las empresas del sector, pues, conforme lo indicado por el secretario de Estado, los costos se prorratearían entre todos los consumidores.
Las tarifas de invierno son un ejemplo de "tarifa de punta", usadas en muchos sectores para aumentar la eficiencia de las inversiones. Se emplean, de hecho, en las autopistas concesionadas, en el metro y en todos aquellos sectores en que la demanda varía en forma relativamente predecible y existen al mismo tiempo importantes instalaciones fijas. Su razón de ser es limitar el consumo cuando el sistema se encuentra recargado, reduciendo de este modo la necesidad de nuevas inversiones y el uso de equipos de alto costo de operación; también buscan disminuir la congestión, al desplazar parte de la demanda hacia otros períodos horarios.
Esta es, igualmente, la lógica de la tarifa de invierno: en aquella parte del año en que se demanda más electricidad para calefacción y en que la generación fotovoltaica es menor, este sobrecosto incentiva un consumo más cuidadoso; con ello, se reduce la necesidad de recurrir a unidades generadoras de más alto costo y de realizar inversiones adicionales en distribución. Así, eliminar la tarifa de invierno significa elevar el costo promedio de todo el sistema eléctrico, porque las personas usarán más electricidad producida a los altos costos invernales, en lugar de limitar su consumo.
Pero la medida no solo es ineficiente, sino además regresiva. En efecto, el consumo promedio de los hogares es mucho menor que el consumo a partir del cual se aplica la tarifa de invierno, por lo que la inmensa mayoría de la población se verá perjudicada con la medida. De esta forma, el beneficio se concentrará en los hogares de mayores ingresos, subsidiados por el resto de la población. El ministro trató de explicar este sinsentido argumentando que también se beneficiarán aquellos casos en que varias familias están conectadas a un mismo medidor. Pero este es un grupo mucho menor de hogares, a quienes se les podría ayudar con medidas más focalizadas. La opción anunciada carece de sustento técnico y solo cabe entenderla como respuesta a la presión de un grupo de parlamentarios oficialistas encabezados por la diputada Karol Cariola (PC).
Otra medida anunciada para el sector eléctrico es la licitación de 2GW de almacenamiento en el norte, con el fin de aliviar el déficit de capacidad de transmisión que enfrenta el país. En este esquema, las baterías de almacenamiento permitirían realizar arbitraje de precios, demandando energía fotovoltaica durante el día, en que los valores son bajos y las líneas de transmisión están congestionadas. Luego se vendería esa energía durante la noche, cuando la transmisión sí dispone de capacidad y los precios son elevados. De este modo, los generadores de energías renovables del norte del país recibirían mayores precios debido a la mayor demanda y las menos horas de congestión en la transmisión. También se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que habría menor necesidad de generar con centrales térmicas hacia el atardecer.
Con todo, pese a estas ventajas, persiste una duda: ¿por qué será necesario licitar como si fuera transmisión esta capacidad de almacenamiento? A diferencia de la transmisión convencional, en almacenamiento no existen las economías de escala, que requieren una planificación centralizada de la red. Por ello, si es privadamente conveniente, el almacenamiento debería haber ingresado de modo automático al sistema, incentivado por los ingresos de arbitraje y los que provienen de servicios complementarios. ¿Por qué, entonces, se requiere actuar al amparo de la normativa sobre transmisión, donde la licitación permite asegurar los ingresos de los inversionistas por veinte años, y cualquier déficit es cargado a los usuarios? Tal vez el costo del almacenamiento (incluyendo una prima por riesgo) sea aún demasiado elevado. Los modelos de planificación de transmisión deberían ayudar a concluir si efectivamente esta es la mejor opción o si el objetivo es más bien apoyar a las generadoras nortinas.
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