Hacia un buen sistema político

El Consejo Constitucional avanza en el diseño de un mejor sistema político para la nueva Carta Fundamental. Definido tantas veces como la "sala de máquinas" de una Constitución (Gargarella), el sistema político es el núcleo operativo, el motor energético del nuevo pacto constitucional. Si falla, todo se desploma. Pero si provee gobernabilidad, si hay conducción, si la relación de poderes es fluida, balanceada, no obstaculizante, baja en conflictividad y soluciona adecuadamente sus controversias, cumple su finalidad: habrá mejores opciones de avanzar en el bien común y respetar los derechos fundamentales en ese camino.
Desde esta perspectiva, el Consejo, a nivel de comisiones, ha insertado modificaciones que mejoran el avance que ya había perfilado la Comisión Experta en su anteproyecto. Resultado de todo ello, son una serie de correcciones a problemas que hoy entraban el funcionamiento del sistema, respecto de las cuales el pleno se pronunciará en estos días.
La primera de esas correcciones es frenar la fragmentación de partidos, que a poco andar se ha transformado en fuente de ingobernabilidad. La indisciplina partidaria, las personalidades díscolas, los quiebres de las coaliciones y la imprevisibilidad legislativa han dañado las agendas. Los gobiernos no saben si podrán cumplir lo que han prometido y el prestigio de la política resulta dañado. La norma exige ahora a los partidos alcanzar el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional para subsistir (art. 48.4). Si bien tiene excepciones (fusiones, número suficiente de parlamentarios y período transitorio), es una señal correctiva para reparar en algo el enorme daño de gobernabilidad que siguió al fin del sistema binominal. En el mismo sentido apunta la disposición que limita la magnitud de los distritos a un máximo de seis escaños.
Una segunda corrección repara el abuso en que venía cayendo la acusación constitucional contra magistrados de cortes superiores. La norma aprobada prohíbe terminantemente fundar la acusación en el "mérito de las resoluciones que dictaren" (art. 49). La regla está implícita en la actual Constitución, pero venía siendo forzada, dañando la separación de poderes.
La disciplina funcionaria de los parlamentarios es una tercera arista. El nuevo precepto encarga a la ley organizar por bancadas al Congreso, estableciendo derechos y obligaciones de los parlamentarios y las consecuencias de renunciar a ellos (52.6). Los independientes estarán obligados a incorporarse a una bancada.
En materia de disciplina fiscal, el Consejo potencia el diseño de la Comisión Experta, que combinaba la iniciativa exclusiva presidencial con una cierta intervención mayor del Congreso en esta clase de leyes de gastos. Sin revertir ese diseño, a nivel de comisión, el Consejo agrega avances valiosos, como instalar en el Congreso mismo un análisis del impacto financiero y regulatorio de los proyectos de ley, así como el monitoreo de la Ley de Presupuestos. Esto no podrá implicar ejercicio de funciones ejecutivas (art. 57.2). La nueva Oficina Parlamentaria de Finanzas es un símil de la famosa Oficina Presupuestaria del Congreso en EE.UU.
En una serie de normas fragmentadas adicionales, el Consejo mejora la separación entre Poder Ejecutivo y elecciones. Por ejemplo, agrega inhabilidades electorales para gobernadores regionales, delegados presidenciales, cores y concejales.
En materia de control de constitucionalidad de la ley por el TC, el nuevo texto le da algo más de peso al control preventivo sustantivo. La Comisión Experta lo había prácticamente eliminado, transformando la sentencia del Tribunal en un mero informe al Congreso, un mero consejo. Ahora será una sentencia vinculante, pero el encargado de cumplirla será el propio Congreso, dentro del plazo de 90 días, transcurrido el cual el precepto inconstitucional desaparece. El mecanismo combina control con deferencia democrática al Poder Legislativo.
En el reciente encuentro de Icare, los expresidentes de la República llamaron a converger en el proyecto de nueva Constitución, como oportunidad única de recobrar cohesión y volver al desarrollo. El nuevo sistema político que propone hasta ahora el Consejo -mejor que el actual- ofrece una respuesta a ese llamado.