El nuevo derecho de familia

Miguel Carbonell*



EL UNIVERSAL







Mientras que en los medios de comunicación y en las redes sociales se habla todos los días de los grandes casos judiciales y de las pugnas entre el Presidente de la República y la Suprema Corte, lo cierto es que la mayor parte de las causas judiciales del país transcurren en los juzgados de primera instancia que conocen de temas civiles y familiares.



Según datos del Inegi, cada año llegan a conocimiento de los tribunales mexicanos unos 950 mil procedimientos judiciales sobre cuestiones familiares y unos 540 mil sobre asuntos civiles. Es decir, casi un millón y medio de nuevos casos anuales en estas dos materias. Es una cifra apabullante, que tiene ahogados a los juzgados y que obliga a que los procesos se demoren meses y meses antes de poder ser resueltos.



Deberíamos preguntarnos como sociedad qué es lo que explica que se haya producido una verdadera explosión de conflictos civiles y familiares. ¿Qué está pasando en el país que hay tantos reclamos por deudas no pagadas, por contratos incumplidos, por matrimonios que se disuelven a los pocos meses o años de haberse celebrado, por peleas entre padres que se disputan la guarda y custodia de sus hijos, por pensiones de alimentos que no se cubren?



Esa violencia enturbia las posibilidades de que las personas vivan una existencia plena, que se desarrollen en su máximo potencial, que aprovechen su etapa escolar, que opten a mejores trabajos, que desarrollen relaciones sanas y hasta que sean plenas en su vida sexual. La violencia ha marcado y sigue marcando la vida de millones de personas a lo largo y ancho de la República. No me refiero a la violencia que surge por la nula seguridad pública que se vive en buena parte del territorio nacional, sino a esa violencia que se produce en el núcleo de la intimidad familiar y de pareja.



En este contexto, el pasado 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es una norma que ofrece un rayo de esperanza para dirimir con mayor celeridad y de mejor manera los conflictos sociales cotidianos, aquellos que afectan a millones de personas, aunque no aparezcan en las noticias y casi nadie se fije en ellos.



La puesta en funcionamiento del Código Nacional va a requerir de grandes esfuerzos financieros, de infraestructura, de capacitación y hasta de cultura jurídica. Pero por el momento es la única esperanza tangible para intentar paliar una realidad social muy dolorosa, que no podemos permitir que siga como está.



*Abogado constitucionalista.