Política de distribución de combustibles

David Jiménez Mejía
Desde hace años se viene planteando en el sector una idea que se volvió necesidad: Colombia requiere una verdadera política pública para la distribución de combustibles líquidos, transversal y estructural a todo lo que la comercialización de combustibles implica, que se piense a esta industria como lo que es: una cadena de suministro donde todos los eslabones importan. Durante los últimos años el país ha venido construyendo una política pública de precios para los combustibles líquidos. Se han establecido criterios de eficiencia en la asignación y una metodología para la fijación del precio al interior del país. No siempre ha funcionado, pero hoy existen criterios estructurales que marcan un derrotero. En cambio, poco se ha avanzado, al menos de manera decidida, en una política pública para la distribución de combustibles. Y no es un asunto menor. Piénsese por ejemplo en las cerca de 6.400 Estaciones de servicio que actualmente operan en el país: se construyeron gracias a la inversión privada. Hoy la industria está en muchas manos. Fueron particulares quienes armaron la red y llevaron combustible a ciudades, municipios y zonas donde el Estado nunca habría llegado solo. Al buscar su rentabilidad, sostienen un servicio declarado público desde los años cincuenta y esencial desde 1991. Ese equilibrio hoy está en tensión, porque las señales del regulador no han sido las correctas. Un ejemplo lo ilustra. Se discute modificar los márgenes de la distribución mayorista y minorista partiendo de un diagnóstico equivocado: la CREG los ajustaría bajo la sospecha de una "extracción de rentas", con una sola tasa de descuento para un sector muy diverso, y sin tocar el precio final al consumidor. Pero si el precio no se mueve y los márgenes se reordenan, alguien en la cadena pierde. No se crea valor: se destruye. Un mal diagnóstico aquí no es un error menor, sino un daño estructural. La cadena se marchita. Reitero, en Colombia se habla mucho de precios —cada vez que sube o baja el galón es noticia— y casi nada se habla de distribución, que es igual de determinante: de nada sirve fijar un precio si el producto no llega. La distribución también necesita reglas claras, porque es una industria de privados con un regulador que decide qué, cómo y cuándo. Cuando esas decisiones son circunstanciales y contradicen los intereses legítimos del sector, cabe preguntar si existe de verdad una política pública, o si el regulador terminó jugando un partido que no le corresponde. La actividad de la distribución genera más de $64 billones en facturación en surtidor, aporta más de $8 billones en recaudo y sostiene cerca de 68.000 empleos directos solo en la distribución al por menor. Sumadas la distribución mayorista y la minorista, representa más del 2,5 % del PIB nacional. Por eso, ante este gobierno que inicia, la invitación al nuevo Minminas es directa: hay que tener en la agenda a la distribución de combustibles. Piénsese el suministro de combustibles como una cadena integral, con reglas estables y diagnósticos serios. La política de precios ya la tenemos. Falta su columna vertebral. Ese es el reto, y esa es la necesidad.
Vocero l Unión Gremial ‘Somos Uno’.