Seguridad: Analistas y congresistas enjuician los giros que ha tenido que hacer Boric

Cambios discursivos, algunos mea culpa , diferencias en el oficialismo y varias dificultades para hacer avanzar proyectos emblemáticos han formado parte de los esfuerzos por parte del Ejecutivo para abordar la temática de la seguridad, en casi dos años de gestión del Presidente Gabriel Boric.
Lo cierto es que desde el mismo oficialismo han transmitido, desde la asunción del mandatario, que para la izquierda el asunto no había sido prioridad y que la derecha había aprovechado aquellos espacios, con lo que el instalar la agenda en ese sentido se ha vuelto una complicación para el Gobierno, según explican analistas y parlamentarios.
"El gobierno entró con un programa de izquierda y se enfrentó a una agenda que acomoda más a los gobiernos de derecha", señala Mauricio Morales, analista y académico de la U. de Talca.
La escena más clara de aquello es recordada por Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la U. Central. "Muy tempranamente, los problemas que enfrentó la exministra Izkia Siches alertaron al Gobierno de que este podría ser el problema central de su administración. La salida de Siches lo confirmó", dice, aludiendo en primer lugar a cuando la comitiva de la extitular del Interior sufrió un ataque yendo a Temucuicui, días después de asumir Boric.
Así es que los analistas hablan de un cambio rotundo en la agenda que llevó al exdiputado a La Moneda, suscitado por la confrontación con el hecho de que la seguridad era una de las prioridades ciudadanas más urgentes.
Un mea culpa
"Llega a La Moneda con un programa que compromete, entre otros, 'libertad a los presos del estallido', la refundación de las policías y la derogación, entre otros, del control de identidad y la Ley de Seguridad del Estado", comenta la columnista Isabel Plá. Pero, complementa: "El gobierno se enfrentó al poco tiempo con la mayor preocupación de los chilenos y un recrudecimiento del crimen, obligándolo a reformular sus prioridades y esfuerzos, a impulsar los estados de excepción, a perseguir los delitos en La Araucanía, a desistir de los compromisos de campaña antirepresión, hasta el mea culpa presidencial".
La más reciente muestra de estos cambios se vio a fines de noviembre, cuando Boric debió hacer precisamente un "mea culpa" sobre el rol que tuvo su sector cuando era oposición en relación a los temas de seguridad. En ese marco, incluso pidió a la derecha "no debilitar a las autoridades como quizás en algún momento nosotros también lo hicimos".
"La lógica gobierno/oposición no es necesariamente útil para poder enfrentar el problema. Yo sé que desde la oposición deben estar pensando: 'Es muy fácil decirlo ahora que eres gobierno, pero cuando eras oposición nos sacaste la cresta'. Hay algo de cierto en eso y ahí hay un aprendizaje", dijo.
La postura sobre Carabineros y el EEC
Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con la valoración que había hecho Apruebo Dignidad sobre Carabineros y las Fuerzas Armadas a partir del estallido, con duros llamados a una "refundación" de la policía y cómo el Gobierno desistió de mantener ese tono durante la gestión. Este año, por ejemplo, debieron promulgar rápidamente la ley conocida como "Naín Retamal", pese a las diferencias que tenía Apruebo Dignidad con algunas normas del proyecto.
El diputado Jaime Araya valora que "el cambio de actitud es tremendamente positivo (...). Cambiar el refundar Carabineros por una nueva y cercana relación con la institución policial, de hablar del Wallmapu a desarticular bandas de robo de madera y decretar un extenso estado de excepción en la zona, es decir, un giro copernicano en materia de seguridad, que le ha hecho bien al país y le permite al gobierno sintonizar con la principal problemática ciudadana".
Desde la oposición han criticado los cambios discursivos de Boric y de su gabinete en más de una ocasión en este tema. Por ejemplo, en relación al estado de excepción en la macrozona sur, que el mismo mandatario votó en contra cuando era diputado, junto a buena parte de su coalición, y que debió promover desde pocos meses después de iniciada su gestión.
De hecho, el estado de excepción continúa generando diferencias y algunos roces. Por una parte, hasta la última votación de esta medida para la macrozona sur en la Cámara, a fines de noviembre, que no contó con el apoyo total de Apruebo Dignidad, y, por otra, hay diputados del oficialismo que incluso están solicitando decretarlo a nivel nacional, producto de la crisis de inseguridad.
El diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, comenta: "El Gobierno anda a tropezones tratando de meter proyectos de seguridad, pero no tiene una línea y tiene un 'freno de mano' que se llama Frente Amplio y PC, que votan casi todas la leyes en contra. Es cosa de ver cómo votan el estado de excepción".
La compleja agenda migratoria
La política migratoria forma parte de los temas en que el propio mandatario y su coalición han debido endurecer la postura. El mes pasado, el diputado PS Tomás de Rementería reconoció que "teníamos romantizada la idea de eso, pero ahora nos damos cuenta de que la migración tiene que ser ordenada y responsable". Incluso hay una publicación del Presidente en su cuenta de X que data de 2018 donde contesta: "No tengo problemas con inmigrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades".
Aquello implica un giro con respecto a lo que el Ejecutivo ha transmitido en el último tiempo: "A quienes estén irregulares, los vamos a echar", aseguró Boric la semana pasada.
EEC
El Presidente Gabriel Boric se convirtió en el mandatario que más ha usado el estado de excepción.