El Comercio, Perú
11 de diciembre de 2023
Relevo ? Se prevé que el titular del Ministerio Público interino, Pablo Sánchez, decline hoy en favor del fiscal supremo Juan Carlos Villena ? Contra el exmandatario se impulsaron siete investigaciones.
Por víctor reyes parra
En los primeros seis meses de su etapa como fiscal de la Nación, Patricia Benavides impulsó cuando menos siete investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo: desde la pesquisa por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 hasta el caso de la presunta organización criminal que habría encabezado en su gobierno.
Sin embargo, un año después de la destitución y detención de Castillo, la gestión de Benavides no logró presentar ni una sola acusación penal contra el expresidente.
Se prevé que el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, reemplazo de la suspendida Benavides, decline hoy el cargo en favor del fiscal Juan Carlos Villena.
Villena ejercerá el cargo por lo menos hasta que la Junta de Fiscales Supremos se reestructure y pueda elegir a un nuevo fiscal de la Nación para un período de tres años. Aún así, durante su interinato, deberá enfrentar varios retos y tomar varias decisiones. Entre estas destaca el futuro de las investigaciones contra el exmandatario por corrupción, organización criminal y rebelión.
?Las pesquisas?
Benavides inició su gestión como fiscal de la Nación en julio del 2022. De inmediato, continuó la indagación preliminar que empezó su antecesor Pablo Sánchez contra Castillo por el Caso Puente Tarata. Allí ya se le señalaba como presunta cabeza de una red criminal dentro de su gobierno, la cual se habría beneficiado a partir de contratos públicos. Esa imputación se mantiene hasta hoy.
En los dos meses siguientes, Benavides reabrió o inició investigaciones preliminares a Castillo por cuatro casos: Petro-Perú, Ascensos, Anguía y la remoción del exministro Mariano González.
Benavides se basó principalmente en la evidencia recolectada y la información dada por colaboradores eficaces al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), liderado por la fiscal superior Marita Barreto.
Como eran casos de presunta organización criminal, las investigaciones preliminares tenían un plazo de 36 meses. Pero Benavides solo requirió cuatro meses para cerrar las pesquisas por Puente Tarata, Petro-Perú y Anguía, acumularlas en una sola carpeta y presentar ante el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo en octubre del 2022.
Dos meses después, mientras esa denuncia seguía su trámite, Castillo dio un golpe de Estado y acabó detenido. De inmediato, Benavides le abrió indagación por rebelión y conspiración. El caso fue asignado luego al fiscal supremo provisional Uriel Terán, allegado a Benavides y quien pidió archivar la investigación a la hermana de esta última, la jueza Emma Benavides.
Terán logró que la Corte Suprema imponga a Castillo 18 meses de prisión preventiva por el caso del golpe.
Luego, Benavides abrió una última investigación preliminar a Castillo por los presuntos sobornos de la empresaria Sada Goray. Allí también se basó en un caso del Eficcop.
?Demora y polémica?
La velocidad con la que avanzó la Fiscalía de la Nación en esos meses contrasta con la del último año. La demora es más evidente en el caso del golpe de Estado, validado por el Poder Judicial como un caso de flagrancia. No obstante, luego un año, no se logró presentar acusación ni llegar a juicio.
El plazo inicial de la investigación era de ocho meses, el cual vencía en agosto pasado. Sin embargo, Terán logró que la Corte Suprema se lo amplíe hasta abril del 2024.
Para el penalista Andy Carrión, esta indagación ya pudo haberse cerrado y se pudo pedir una condena para Castillo, contra quien ?las pruebas son directas, son redondas?. ?Pero vemos que ya pasó un año y nada?, acotó.
El resto de casos aún están en sus plazos, pero no están libres de polémica. La denuncia contra Castillo por organización criminal fue aprobada en febrero, lo que permitió a la fiscalía formalizar investigación por 36 meses y obtener una segunda prisión preventiva.
Pero el caso también fue asignado a Terán y es objeto de una polémica entre la Fiscalía de la Nación y el Eficcop.
Terán solicitó al Poder Judicial acumular esa carpeta con las del Eficcop que dieron origen a los casos Petro-Perú, Puente Tarata, Anguía y Asesores en la Sombra. Con ello, todo pasaría a depender directamente de Terán, un fiscal que era de alta confianza de Benavides, al menos hasta antes de que esta fuera suspendida. El pedido, realizado cuando la relación de Benavides y Barreto ya estaba rota, aún no es resuelto.
La gestión de Benavides defendió esa solicitud, alegando que beneficiaría los casos. Pero especialistas consultados por este Diario advirtieron en su momento que sería perjudicial.
El nuevo fiscal de la Nación deberá tomar decisiones respecto a todo esto: puede ratificar a Terán o nombrar en su lugar a otro fiscal supremo provisional, con una nueva estrategia para los casos del golpe de Estado y de la presunta red criminal.
También verá directamente los casos de Castillo que siguen bajo indagación preliminar: Sada Goray y la remoción de González. Si bien están dentro de sus plazos de 36 meses, Villena deberá evaluar si presenta denuncia constitucional para poder formalizar esas investigaciones y llevarlas a una fase mucho más comprometedora para Castillo.
En el congreso
En julio, el PJ ordenó a la fiscalía cerrar la investigación del Caso Ascensos ante una solicitud de la defensa.
La fiscalía cumplió y, al mes siguiente, presentó denuncia constitucional contra Castillo por ese caso. A la fecha, la carpeta sigue en trámite en el Congreso.
