Cuentas claras

En una serie de publicaciones el diario Portafolio ha venido documentando unas inconsistencias legales y técnicas, presentes en el decreto de liquidación presupuestal, el 2295 de 2023. Este documento, si bien fue desarrollado conforme a las normas por los técnicos del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, sufrió modificaciones en su tránsito por la Presidencia de la República, que cobijan 13 billones de pesos de inversión en cuatro entidades sin destinación específica de uso en 2024. Esto se ha traducido en que los recursos para 108 obras de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Invías, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación no cuentan con los rubros debidamente desagregados, a pesar de que debían estar en la Ley de Presupuesto de 2024. Hoy en día no hay recursos específicamente orientados a proyectos tan cruciales como la primera línea del metro de Bogotá, el Transmilenio a Soacha, el túnel del Toyo, 20 vías 4G, los sistemas de transporte masivo y apoyo financiero a unas 11 universidades públicas. La respuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, del pasado viernes no hizo más que abrir nuevos frentes de alerta. El jefe de las finanzas públicas reconoció que se está realizando un "ejercicio de priorización" solicitado por el presidente de la República, Gustavo Petro. Según las declaraciones ministeriales, el Gobierno revisará las obras en vilo para definir qué tanto han avanzado y comenzar una renegociación de vigencias futuras. Esto es, se confirma que los montos individuales de estas obras, asignados técnicamente el año pasado por Hacienda y DNP, hoy no se conocen exactamente y podrían ser menores a los compromisos iniciales. Estas inconsistencias en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2024 generan una amplia gama de problemáticas legales, técnicas, políticas y de confianza inversionista. En primer lugar, las normas que cobijan el PGN son para acatarse ya que blindan de transparencia y de seguridad a uno de los procesos anuales más importantes del Gobierno Nacional. Sean errores, inconsistencias, o, como parece afirmarlo el ministro Bonilla, una decisión consciente de la Presidencia de la República, incumplir estos procedimientos y no desagregar estos dineros abre la puerta a demandas judiciales. Segundo, ignorar flagrantemente las asignaciones a estos 108 proyectos y dejarlos en una "bolsa" borra de un plumazo el esfuerzo técnico para materializar las políticas públicas en un presupuesto, discutido en el Congreso de la República. Además, la desagregación de los recursos permite mayor transparencia en la destinación y en el monitoreo de esas inversiones y envía las señales adecuadas de confianza a los inversionistas privados detrás de un buen número de esas obras. Asimismo, ese presupuesto al detalle, en especial en infraestructura y educación, evita, o como mínimo dificulta, la repartición politiquera y clientelista de los dineros públicos, así como designaciones caprichosas de proyectos como pagos a favores políticos. Sería de la mayor gravedad que esa "priorización" anunciada por el ministerio de Hacienda se usara para incumplir compromisos con obras ya en curso, premiar o castigar a uno u otros, o simplemente poner unos billonarios recursos literalmente por "encima de las normas". Si entendemos las instituciones como un conjunto de reglas del juego que brindan seguridad y confianza, el proceso técnico, legal y político para definir el Presupuesto cae dentro de esta definición. El Gobierno debe detallar con prontitud los montos para cada uno de esos 108 proyectos en vilo, cumplir los compromisos previos y desmontar la idea de renegociar vigencias.