La RAE y el sexismo

Notable en su agudeza resulta la nota que ha elaborado la Real Academia Española para comentar las "Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria", acordadas por la mesa del Congreso de ese país en diciembre pasado. Visto desde Chile, donde también el llamado "lenguaje inclusivo" ha sido levantado como bandera política, el pronunciamiento es especialmente pertinente.
La Academia parte analizando algunas recomendaciones del documento parlamentario. Este propone evitar expresiones como "el que" o "los que", por su supuesto carácter excluyente, y privilegiar en cambio el "quienes". Igualmente, sugiere no usar términos como "los usuarios", "forzados por las circunstancias" o "están capacitados", sino "personas usuarias", "debido a las circunstancias" y "son capaces de", respectivamente.
La RAE hace notar lo forzado de estas fórmulas, así como las alteraciones de significado que conllevan algunas: no es lo mismo, por ejemplo, hablar de "los viajeros" que "de las personas viajeras". También recuerda algo que debiera ser obvio: el modo en que las lenguas se estructuran no determina el carácter más o menos democrático de una sociedad, o el lugar que ocupa la mujer en ella. De hecho -cabría agregar- hay lenguas en las cuales, a diferencia del español, se utiliza el femenino como genérico y no el masculino (por ejemplo el guajiro, en el Caribe); no podría decirse que esas comunidades sean especialmente igualitarias o menos patriarcales.
Con todo, lo que más preocupa a la Academia es el concepto de fondo que subyace al documento: la idea de que quienes no aplican los recursos y formas de hablar allí mencionados estarían utilizando un lenguaje sexista. Si se acepta tal premisa, "sería, pues, sexista el lenguaje cotidiano de la mayor parte de los millones de hispanohablantes de todo el mundo, incluyendo los propios parlamentarios cuando no hablan desde la tribuna o no redactan proyectos legislativos". Un sexismo que se extendería en la literatura, el periodismo, el cine y en cuanto lugar se hable o se escriba sin seguir las recomendaciones de los parlamentarios españoles. Y es que, en definitiva, la idea de normar según particulares y muy discutibles criterios el lenguaje a utilizarse en los discursos y documentos legislativos no hace más que acrecentar la distancia "entre el universo oficial y el mundo real": un ámbito donde los discursos abundan en duplicaciones -"las y los", "unos y unas", etc.- y contorsiones lingüísticas para no salirse de los márgenes de una supuesta inclusividad, y otro en que las personas están autorizadas a utilizar su forma natural de expresarse. Parece difícil que ese distanciamiento vaya a contribuir a otra cosa que a alejar aún más al ciudadano común de una vida política cuya propia habla le resulta ajena.
Haría bien tomar nota en Chile de esto y de la conclusión final de la RAE: "no se avanza en la consecución de la igualdad democrática de hombres y mujeres forzando de manera artificial la gramática y el léxico de la lengua española", sino arbitrando leyes y medidas que representen pasos efectivos hacia esa meta.