Gobierno anuncia querella y vocera insiste en que "no se descarta nada" en caso de secuestro

Una serie de reuniones, al menos tres antes de mediodía, coparon ayer la agenda de La Moneda, todas referidas al caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.
En la primera cita, la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el subsecretario de esa área, Manuel Monsalve, además del titular de Justicia, Luis Cordero, se entrevistaron con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, para interiorizarse de los últimos antecedentes de la investigación y reiterar el apoyo con todos los recursos para la indagatoria.
Luego la ministra y el subsecretario se reunieron con el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz.
A las 11 horas, en tanto, el tercer encuentro fue de Tohá, Monsalve, Cordero, el canciller Alberto van Klaveren y el Presidente Gabriel Boric, quien se conectó vía telemática para informarse de las últimas informaciones.
"Suma gravedad"
Paralelamente y desde la Región de Valparaíso, la vocera Camila Vallejo había tildado la situación como de "suma gravedad" e indicó que "el embajador en Caracas, Jaime Gazmuri, "ya está haciendo las gestiones para tener una conversación con el viceministro para las Américas de la Cancillería venezolana y tenemos contacto en todos los niveles. Contacto a nivel de Gobierno, contacto a nivel policial y contacto a través de las fiscalías correspondientes".
"Entonces, esos nexos y esos enlaces se están produciendo porque esto obviamente es de suma urgencia y esperamos que independientemente de las distintas hipótesis que andan circulando, como no se descarta nada por ahora, todos estos trabajos y estas gestiones y estas coordinaciones puedan colaborar para que la investigación llegue a puerto", agregó la ministra.
"Señal política"
Finalizadas sus tres reuniones por Ojeda y luego de otra por el programa de Ayuda Temprana, Monsalve abordó la situación desde La Moneda, confirmando que el Gobierno había decidido querellarse.
"Siempre nos parece que es una decisión muy importante la querella que se presenta del Gobierno por parte del Ministerio del Interior. Uno, por dar una señal política de que al Gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad, y por lo tanto sean esclarecidos, pero además, porque el Gobierno se hace parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos", explicó el subsecretario al fundamentar la acción.
Al ser consultado por la participación del Presidente Boric en el caso, Monsalve señaló que "obviamente, el Presidente considera que esto es prioritario. Hay una serie de instrucciones que no voy a detallar porque es parte de la reunión privada con el Presidente de la República, pero dio una serie de instrucciones tanto al Ministerio del Interior, como al Ministerio de Relaciones Exteriores".
Sesión especial
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC), se encontraba anoche solicitando unanimidad para los jefes de comité para convocar a una sesión especial de la corporación, para la próxima semana, interrumpiendo el receso legislativo, con el fin de abordar el tema.
El caso de un militar que habría sido secuestrado en Colombia por la contrainteligencia venezolanaEl caso de Ronald Ojeda ha levantado sospechas entre disidentes del régimen chavista respecto de su aparente similitud con la desaparición, en 2021, del exteniente del Ejército venezolano Franklin Alfredo Caldera Martínez, secuestrado en Colombia, según asegura su familia, por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).
A este último país habría llegado al solicitar asilo político, tras su deserción del Ejército de su país.
De acuerdo con lo señalado por medios y organizaciones disidentes de ese país, se le acusó de formar parte del grupo de militares que lideró la Operación Aurora, que tenía como objetivo derrocar al régimen de Nicolás Maduro.
Así, la ONG Defiende Venezuela presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -la que fue concedida- instando a que el organismo requiera a ese país "la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal" de Caldera Martínez y su padre.
Según el requerimiento, este último -fundador del Comité de Víctimas "Familia S.O.S. Libertad", donde ejerce labores de abogacía para la liberación de presos políticos en Venezuela- "estaría sufriendo amenazas, persecuciones y hostigamientos, presuntamente por haber denunciado la situación de su hijo (...), quien estaría privado de libertad en la Dirección General de Contrainteligencia Militar".
Además, detalla la resolución de la CIDH, el exteniente del Ejército "padecería de secuelas en su salud relacionadas con agresiones presuntamente ocurridas durante su detención".
El organismo solicitó información de este caso al Estado venezolano el 1 de junio en 2023, pero a la fecha no habría recibido respuesta.
Tras analizar los antecedentes entregados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró en su resolución que el organismo "considera que la información presentada demuestra prima facie que el propuesto beneficiario se encuentra en una situación de gravedad y urgencia".
Denuncias e interrogatorios
El padre de Caldera ha explicado que su hijo desertó del Ejército el 13 de enero de 2019, "por estar en desacuerdo con las políticas represivas del Estado", señala la resolución de la CIDH.
También, que la DGCIM habría capturado al exteniente en Cúcuta el 11 de febrero de 2021. La detención habría sido -se lee en el documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según los antecedentes que le fueron aportados- bajo los presuntos cargos de "asociación a cometer un crimen, terrorismo, robo de armas o munición, conspiración política y escape".
Junto con eso, se lee en el documento que el progenitor de Caldera Martínez fue arrestado por la DGCIM e interrogado para conocer la ubicación de su hijo, información que él dijo no conocer.
Luego de ser arrestado, la familia hizo un reporte de desaparición forzada a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la cual habría informado, en marzo de 2021, que el exmilitar se encontraba detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde.
"La Comisión observa que tanto la situación del hijo del propuesto beneficiario, como la del señor Caldera Cordero, habrían sido puestas de conocimiento de diversas entidades estatales a nivel interno (...). Por ejemplo, se advierte que se han presentado denuncias ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo", indica el documento.
Coloma pide "velocidad de respuesta"El secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda -refugiado político en Chile desde noviembre de 2023- ha generado las reacciones de diversos dirigentes, quienes han visto con preocupación una posible violación a la "seguridad nacional" en caso de que se compruebe la hipótesis de que el gobierno de Venezuela habría tenido injerencia.
En este contexto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indicó que la proliferación de este tipo de delitos en Chile da cuenta de que tenemos un problema, pero que "si a eso le agregamos que la víctima es una persona que obtuvo refugio político entregado por las autoridades, el problema es doblemente grave; y si a eso le sumamos que no se descarta ninguna hipótesis por parte de las autoridades, incluso que eventualmente el gobierno de Venezuela haya influido o haya sido parte de ese proceso, hace de la situación mucho más compleja".
En su opinión, y en caso de confirmarse esta última teoría, esta sería la "más grave agresión internacional de este siglo y el Gobierno tendría que reaccionar en consecuencia. Este es el momento de dar espacio para la investigación, hay organismos enfocados en eso, por lo que hay que respaldarlos. Personalmente he hablado con la gente de gobierno varias veces, entiendo que es momento de investigación, pero les he pedido la mayor transparencia y velocidad de respuesta".
El viaje de Monsalve a Caracas en eneroEl 17 de enero pasado, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, viajó a Venezuela, donde se reunió con el viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal de ese país, José Ramírez.
Luego, ambas autoridades firmaron un convenio que, según informó Interior, buscaba "la colaboración mutua con el fin de facilitar información, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones nacionales, competencias específicas y en el cumplimiento de sus funciones, necesaria para la investigación de delitos contra las personas, delitos violentos, cibernéticos y delitos financieros, entre otras expresiones del crimen organizado". También, se señaló que pretendía promover "el intercambio de conocimiento especializado y participación en actividades de capacitación".
Se detallaron, además, siete puntos que las partes se comprometieron a impulsar, como "capacitaciones atingentes a las realidades criminógenas de cada país"; el intercambio de información "relativa a buenas prácticas investigativas"; el compartir información "biométrica y decadactilar" y el "intercambio de antecedentes penales de blancos investigativos vinculados a delitos violentos, crimen organizado trasnacional y crimen cibernético", entre otros.
Monsalve señaló que "nuestras policías tendrán mecanismos de colaboración que nos permitirán ser más eficaces en las investigaciones criminales, en poder compartir la información respecto a estructuras criminales y sus líderes".