No hay avances o señales de aprobación, dijo Matías Medina, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU).
Redacción El PaísDesde la
Cámara Inmobiliaria Uruguaya","theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.enhancementAlignment":null,"theme.el-pais-uruguay-theme-epd.:core:enhancement:Enhancement.hbs.overrideCaption":null,"_id":"0000018e-7dc7-d502-adbf-7fdf63970000","_type":"809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288"}">Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) se han mostrado preocupados ante la demora en el avance del tratamiento y posible aprobación del
proyecto de ley que busca regular la actividad inmobiliaria en Uruguay. Matías Medina, vicepresidente de la CIU, destacó que desde el año pasado, a pesar de haber sido aprobado por la
Comisión de Constitución y Códigos de Diputados y definido para su tratamiento en el
Plenario de esa cámara, el proyecto no ha avanzado, por lo que la actividad no cuenta aún con una regulación adecuada.
"Creemos que este es el momento de plantear esta diferencia. El proyecto ya está articulado y cumplió todo un proceso: estuvo un año en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados recibiendo a todas las delegaciones y a todos los asesores. Hicimos una recorrida parlamentaria por todos los actores políticos y el articulado lo hicimos con múltiples profesionales, con consultas al exterior con asociaciones que nuclean a un montón de
profesionales inmobiliarios, pero el proyecto no avanza", destacó.
El
vicepresidente de la CIU sostuvo que es necesario darle visibilidad a la situación para que el proyecto se expida en el Parlamento y "lo pongan a consideración" para que lo voten, con el afán de que el mismo no se convierta "en uno de los tantos proyectos que queda estancado en el Poder Legislativo".
"Si bien se negociaron artículos (los cuales se modificaron) y se tomaron todos los aspectos por los diferentes partidos, el proyecto no entra y no se vota. Esa es la diferencia que tenemos de momento, por lo que queremos darle visibilidad a esta preocupación", agregó Medina. A este escenario se le suma las múltiples llamadas que tiene la CIU de diferentes actores regulados del sector en todo el país por denuncias a inmobiliarias que no existen, no son socias o no están habilitadas para ejercer la actividad al no pertenecer al gremio, debido a que hay propiedades (inexistentes) publicadas en
plataformas digitales (en
marketplaces, por ejemplo) en donde se toman señas por ellas y en donde el único perjudicado es el
consumidor final.