Realidad carcelaria al límite

Mientras los líderes políticos de izquierda y de derecha apuestan por incrementar el uso de la cárcel -los primeros, para los delitos de "cuello y corbata"; los segundos, especialmente para los delitos violentos-, la realidad de los recintos penitenciarios en Chile no resiste más. Cumpliendo los deberes propios de su cargo, los fiscales judiciales de Santiago y de San Miguel han realizado recientemente sendas presentaciones, dando cuenta de las vulneraciones que están sufriendo los internos y las internas a causa de las condiciones en que se encuentran encerrados. En lo mismo vienen insistiendo desde hace años los magistrados en sus informes de visitas de cárcel y la Defensoría Penal Pública.
En el caso del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel, el fiscal judicial de la Corte denunció a comienzos de este mes que las internas embarazadas, "se encuentran gravemente expuestas a sufrir complicaciones de salud e incluso la muerte", desde que la referida unidad carcelaria no cuenta con autorización sanitaria para funcionar ni con los estándares mínimos para atender los requerimientos médicos de la población penal. Agregaba que ya existen fallos confirmados por la Corte Suprema que, después de un año, aún están pendientes de ejecución: "Se ha constatado que la dotación del equipo de salud es incluso peor, a la fecha, que la existente antes de la interposición de ambos recursos que tuvieron su origen en graves hechos ocurridos al interior de la cárcel, uno de los cuales culminó con la muerte de una imputada y el otro, con una mujer privada de libertad dando a luz en un pasillo adyacente a los depósitos de basura".
La situación no es distinta en Colina Uno. Según denunciaba el fiscal judicial subrogante de la Corte de Santiago en marzo de este año, dependencias antes destinadas a la reinserción social de los internos o a sus necesidades de salud, de asistencia jurídica o a actividades educativas, han sido redestinadas en el último tiempo a servir como dormitorios, de manera que hay internos pernoctando en bodegas e incluso en comedores. Destaca la inexistencia de condiciones adecuadas para las personas recluidas, muchas de las cuales presentan movilidad reducida, tienen bolsas urinarias externas, están en silla de ruedas o son ciegas, además de padecer diversas enfermedades en estado avanzado. Cita, además, el caso del fallecimiento de un recluso por peritonitis aguda como consecuencia de no haber sido derivado al centro de salud más cercano, lo que, en palabras de un informe de enero de este año, "concluyó en una muerte absolutamente evitable".
También en enero de este año, una reclusa del centro penitenciario de Iquique dio a luz a su hija al interior de la cárcel. Al momento del parto solo fue atendida por otras internas, quienes pidieron ayuda a viva voz a funcionarios de Gendarmería. Todos carecían de experiencia y del equipamiento adecuado para brindarle atención. Por cierto, tampoco se realizaron los controles prenatales durante las cuatro semanas anteriores al parto. Junto con constatar que la mujer estaba obligada a dormir con la recién nacida en una misma cama, la Corte Suprema afirmaría que "las mujeres embarazadas no reciben la información sobre la gestación, su nutrición ni la agenda de salud", como tampoco los beneficios estatales del programa Chile Crece Contigo.
Las condiciones de ejecución de las penas de encierro en Chile pueden considerarse tratos crueles, inhumanos y degradantes, y el responsable de estas violaciones a los derechos humanos de los reclusos es el Estado de Chile. Esta ha de ser la primera prioridad para el sistema penal chileno, condición indispensable de todo lo demás.