Mala señal presidencial

Una lamentable señal ha dado el Presidente Boric con sus declaraciones de ayer, respecto de una eventual reforma al sistema político. El mandatario reconoció la importancia del tema, pero postergó la posibilidad de discutirlo hasta que se zanjen las reformas previsional y tributaria. Desde luego, sus dichos suponen una suerte de condicionamiento -el término "chantaje" usado por parlamentarios de la oposición no parece descaminado- que resulta del todo impropio. Es comprensible el interés del Gobierno por intentar avanzar en sus iniciativas emblemáticas, pero no se entiende por qué ello debiera ser excluyente de tratar un tema que -como lo probó el trabajo de la Comisión Experta en el último proceso constitucional- suscita extendido consenso. Es paradójico, por lo demás, que una administración que llegó a vincular el cumplimiento de su programa con la aprobación de una nueva Carta Fundamental, ahora manifieste tal prurito respecto de abordar una materia mucho más específica que la idea de refundar Chile. Con todo, tal vez lo más preocupante de las palabras presidenciales es que se vienen a sumar a dichos de otras figuras del oficialismo que, en definitiva, apuntan a la idea de que modificar el sistema político sería más beneficioso para la actual oposición que para la izquierda. De allí vendría el aludido condicionamiento: sistema político a cambio de reformas gubernamentales emblemáticas.
Tal es una aproximación profundamente equivocada. Los grados de atomización que caracterizan nuestro sistema político -con una veintena de partidos representados en el Congreso- superan los de países a menudo señalados como ejemplos de extrema y anómala fragmentación. Existe una amplia literatura que documenta los problemas que ello acarrea para la gobernabilidad, pues transforma la conformación de mayorías en una tarea desgastante, que termina dando a parlamentarios individuales y a grupos de mínima representatividad un poder muy superior a aquel que les han entregado las urnas, al quedar en sus manos el inclinar las correlaciones de fuerza. Ello no solo dificulta a todo gobierno la posibilidad de avanzar en su agenda, sino que además termina degradando el funcionamiento de la política, de lo que la última elección de mesa en la Cámara de Diputados fue una muestra. Del desprestigio y desconfianza que ello conlleva para la instituciones dan testimonio todas las encuestas. Por lo mismo, superar tal estado de cosas debiera ir en el interés de toda fuerza política comprometida con la estabilidad democrática, independientemente de ser gobierno u oposición o de su ubicación en el espectro ideológico.
Hay, sin embargo, sectores dentro del oficialismo que parecen realizar un peculiar y no explicitado cálculo a este respecto, según el cual, dado que una reforma al sistema político probablemente solo empezaría a generar efectos en un próximo período, ella favorecería a quien entonces encabece el Estado. Y como muchas encuestas sugieren que la centroderecha tendría una alta probabilidad de ganar las presidenciales, sería esta la que se beneficiaría de dicha reforma. En tales circunstancias y tratándose de un asunto complejo y no necesariamente popular, no tendría sentido que la actual administración se involucrase en él. Pero más allá de la mezquindad de tal análisis, este se sostiene sobre tal cantidad de supuestos cuestionables que incluso un cálculo de mera conveniencia debiera llevar a desecharlo: no solo la elección de 2025 está lejos de encontrarse definida, sino que una reforma de este tipo está llamada a perdurar en el tiempo mucho más allá de un determinado período. Desde esta perspectiva, mejorar las condiciones de gobernabilidad -y aun cuando este, como ha dicho el diputado Winter, no sea el único problema del país- beneficiaría a todos los sectores que aspiren a conducir Chile.
Tiene razón el Presidente Boric cuando afirma que no es solo la fragmentación lo que ha dificultado el avance de sus reformas. Los obstáculos que ellas han encontrado se vinculan con las legítimas diferencias que sus contenidos generan. Un sistema político sólido ofrece, sin embargo, la posibilidad de que esas diferencias puedan ser zanjadas mediante la deliberación democrática, sin que el resultado quede entregado a la capacidad de allegar votos de congresistas díscolos o de transacciones poco presentables como las que marcaron, por ejemplo, la referida elección de mesa en la Cámara.