Acero: Una decisión inquietante

En una curiosa -aunque anticipable- resolución, la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas recomendó aumentar a 33,5%, por seis meses, el derecho antidumping para las importaciones de bolas de acero desde China; además, elevó a 24,9% las sobretasas para las barras de acero, una décima menos de lo que solicitaba CAP, propietaria de la siderúrgica Huachipato, cuya suspensión indefinida de operaciones había sido anunciada luego de que en primera instancia la misma Comisión no acogiera completamente sus peticiones. Precisamente ante esa presión y la de diversos sectores políticos y organizaciones de la Región del Biobío, el Gobierno había dado a entender que una corrección de este tipo sería evaluada, alentando a las empresas involucradas a formular las solicitudes del caso. Por ello, no es la decisión tomada lo que en verdad llama ahora la atención, sino los argumentos entregados por la comisión para justificar su cambio de postura, en un lapso de apenas semanas, respecto de este tema: hay que recordar que a fines de marzo, el mismo organismo había recomendado aplicar sobretasas menores y diferenciadas según el respectivo productor chino.
Para justificar su nueva recomendación, la mayoría de la Comisión -esto es, todos los representantes del Gobierno y exceptuados los miembros independientes del organismo: el fiscal nacional económico y dos integrantes nombrados por el Banco Central- acogió la solicitud de CAP bajo los argumentos de "mantener consistencia con decisiones ya adoptadas de la Comisión", "enmendar algunos supuestos utilizados en los cálculos" y "corregir información de valores y precios". De este modo, los representantes del Gobierno en el organismo parecen abiertamente reconocer que se equivocaron en sus cálculos iniciales, a menos, claro, que ello solo sea una justificación para fundamentar un ajuste obligado por la presión política en torno a este caso. Ambas posibles explicaciones son preocupantes.
Más aún, la posición de los miembros independientes del organismo sugiere que no existieron tales errores de cálculo. Así, resulta inevitable la suspicacia ante la posibilidad de que el cambio haya sido una manera de hacer coincidir la recomendación de la Comisión con lo que pedía la empresa, todo esto con la anuencia -si no la presión- del Gobierno. Si así fuera, el daño a la institucionalidad que el país se ha dado para abordar estas materias sería de la mayor gravedad, dando cuenta de la capacidad de los representantes gubernamentales de ajustar de manera ex post sus cálculos para llevarlos a ciertos niveles políticamente deseables.
La discusión sobre el papel de las instituciones en el desarrollo económico advierte también respecto de cómo la politización de organismos técnicos termina inclinando las decisiones hacia grupos de interés que, por diversos motivos, ejercen influencia. Ante un caso así, es sin duda preferible que el Gobierno transparente su decisión de apoyar financieramente a una empresa que considera estratégica, antes que tensionar la institucionalidad para justificar cambios ex post en los cálculos de derechos antidumping y sentar un precedente al que luego otros actores también intentarán apelar. Por lo mismo, en beneficio de la credibilidad de la Comisión y de sus decisiones, parece urgente reevaluar su composición, de modo tal que la mayoría de sus miembros sean efectivamente independientes y no funcionarios que en definitiva representan al gobierno de turno.