La respuesta al descontento

Solo habían transcurrido 48 horas de las multitudinarias manifestaciones del pasado domingo cuando las mayorías del Senado de la República daban luz verde al proyecto de ley de reforma a las pensiones. Poco después se conoció el borrador de la nueva iniciativa de reforma a la salud que el gobierno Petro ha concertado con el gremio de las EPS. El miércoles pasado, en una alocución, el primer mandatario adelantó que pedirá a la Cámara de Representantes aumentar a cuatro salarios mínimos el umbral de cotización forzada a Colpensiones. Como se afirmó hace tres días en este espacio editorial, las primeras reacciones presidenciales a la dimensión del descontento, expresado en las marchas del 21 de abril, no auguraban ningún giro frente a las reformas y sus contenidos. Tampoco señalaban esas declaraciones del jefe del Estado mayor indicación en torno a una ruta hacia el consenso. Cualquier ilusión que actores políticos y económicos albergaran todavía de un genuino deseo de concertación del Gobierno quedó enterrada con el voto de la cámara alta y los anuncios presidenciales. En otras palabras, la respuesta del presidente Petro a la masiva manifestación de rechazo popular del pasado domingo fue continuar con su agenda, sin cambiarla un ápice, y apostar por profundizarla. Solo así puede explicarse este nuevo intento de impulsar una reforma a la salud tras recoger los frutos de la implementación administrativa ‘por la puerta de atrás’ sobre las ya debilitadas EPS. Sin la voz de otros agentes y actores del sistema sanitario, la Casa de Nariño transitará otra vez el camino legislativo con un texto concentrado en la visión ideológica del Gobierno. Lo sucedido con el proyecto de reforma pensional refleja, como pocos, el desdén de los senadores liberales y otros bloques ‘centristas’ y de la Presidencia de la República sobre el llamado de las calles de rechazo a esos cambios. Lo peor es que tampoco habían pasado 48 horas de la aprobación de la iniciativa en el Senado cuando el presidente Petro desdeña uno de los puntos principales del "acuerdo": bajar de 3 a 2,3 los salarios mínimos del umbral de cotización forzada al fondo estatal. La burla a los senadores- y a los propios funcionarios del Ejecutivo que lograron esos votos no podía ser mayor. Ese argumento con el que la cámara alta buscó disipar la estatización del ahorro de los colombianos explotó en mil pedazos con la propuesta de Petro de pedirle a la Cámara de Representantes que el umbral se suba a los cuatro salarios mínimos. Las esperanzas de que este cuerpo legislativo -o al menos, sus mayorías- mantengan los 2,3 salarios mínimos, que todavía son peligrosamente altos para la sostenibilidad del sistema, son más bien pocas. No debe caber la menor duda a ningún actor político, económico o social que la respuesta del gobierno Petro al masivo descontento ciudadano ha sido tanto ignorarlo sin el mayor reparo como ahondar precisamente en algunos de los temas que más angustian a la ciudadanía. Los distintos sondeos reflejan que la mayoría de los colombianos no respalda las principales modificaciones que las reformas implementarán en los sistemas pensional y de salud. No es claro que este camino que ha decidido seguir la Casa de Nariño en el que se desconecta de un potente rechazo popular a su gestión conduzca al éxito o al fracaso de su agenda en 2026. Lo que ya no debe hacer parte de ninguna reflexión empresarial es que ese camino no se construirá en clave de concertación o cooperación, sino de imposición y conflicto.