El Eln y la refundación de la patria

Algunas voces se le han atravesado al excanciller Álvaro Leyva, asegurando que la constituyente que planea ayudarle a construir al presidente Petro no es posible, porque resulta constitucionalmente inviable. ¡Si precisamente la propuesta radica es ahí! En saltarse las reglas del Estado de derecho, al Congreso, a la Corte Constitucional; y una vez Petro haya ido a denunciar ante la ONU al Estado colombiano, del cual es su jefe, argumentando que entorpece la ejecución del acuerdo de paz de La Habana y de futuros acuerdos de paz, pretenderá haberse ganado con ello la indulgencia de varios países del mundo, para que ya no vean su constituyente como un zarpazo a la institucionalidad, sino como un requisito fundamental para la paz, inevitable e inaplazable. Pero esta semana cerramos con otro motivo de preocupación relacionado con la tal constituyente. A la hora de escribir esta columna no sabemos si al fin hoy viernes, como era la idea, se firmó, o se aplazó con miras a una nueva versión, el farragoso borrador del comité de participación que se convertirá en primer punto de la agenda de negociación. El proceso que ha querido poner en marcha el comité "contó con la participación de 8.465 personas, representantes de 3.133 organizaciones sociales y de los 30 sectores de la sociedad que conforman el comité en 35 ciudades y municipios, 3 ciudades de Europa y 19 cárceles del país". Se suponía, como confirmó EL TIEMPO, que el comité estaría encargado de "recomendar" una metodología para el cómo, pero nada sobre el qué. Sin embargo, sobrepasando sus facultades originalmente concedidas desde el acuerdo de México entre el Gobierno y el Eln, el comité ha llegado a este borrador, que incorpora los ejes temáticos sobre los que giraría la negociación con el Eln. Con un agravante, ojo: lo que se apruebe de este documento tendrá carácter vinculante -es decir, será obligatorio para las partes-; se transformará en políticas de Estado, planes de desarrollo (y algo muy chistoso, por lo incomprensible), hasta en "planes de vida". (¿Como vivir sabroso, por ejemplo?) La denuncia sobre la extralimitación de funciones del comité vino de siete gremios económicos: Andi, Acolgén, ACM, ACP, Asofiduciarias, SAC y Confecámaras. Se quejan estos gremios no solo de que el comité de participación no recogió sus recomendaciones luego de un año de discusiones, que incluyó 77 encuentros en 25 municipios, sino que el borrador desconoce el principio de supremacía constitucional y anula el principio de separación de poderes. El contenido de este por ahora borrador es una nueva versión de lo que en épocas de la reunión de paz en Maguncia los elenos llamaban la "convención nacional", solo que ahora se volvió más sofisticado; el nombre original se disuelve, pero sus propósitos se vuelven más ambiciosos, porque el comité de participación está generando una agenda de reformas estructurales con un clarísimo sesgo antisistema, con miras a un gran acuerdo nacional "para superar las causas históricas del conflicto armado". Hasta congresistas han compartido la preocupación. El representante Hernán Cadavid asegura que "será una constituyente disfrazada de acto de paz". Desde ya entrarían a la mesa de negociación elementos estructurales de nuestra democracia, como el modelo democrático, de propiedad, de uso y tenencia de la tierra, que deberían discutirse en el Congreso y no a partir de procesos impulsados desde el Ejecutivo con un grupo guerrillero en franca decadencia, y muy lejos de representar a 50 millones de colombianos. Esos ejes de transformación, llamados el "corazón del proceso", incluyen, entre otros, el régimen político, el económico, la reforma de la Fuerza Pública, el rediseño institucional, el debate de la propiedad y algo también bastante incomprensible por su terminología, "eliminar y transformar" -una de dos, sería lo lógico- "las economías ilegalizadas del narcotráfico". Esperamos que alguien nos explique el terminacho. Por lo pronto, habrá que creerles a dos personas. Al comisionado de Paz, Otty Patiño, quien se ha comprometido a que el comité no admitirá ningún contenido que violente el marco constitucional. Hasta ha trascendido que en algunos aspectos comparte las inquietudes de los gremios y asegura que mientras el Eln siga secuestrando no se firmarán acuerdos que legitimen "una representación que no cumpla con lo pactado". Y al senador y negociador Iván Cepeda, quien a su vez se ha comprometido a que no se vulnerarán principios constitucionales. Además, habrá que confiar en que los gremios económicos sigan con las pilas puestas en su función de vigilar la institucionalidad, ya que ellos son miembros del Comité Nacional de Participación y nos pueden mantener al tanto de la verdad, para que el Eln no refunde la patria.
Ecos de un borrador
María Isabel Rueda