Desde esa fecha fatídica quedó en un estado de estupor que dejó a su madre, Rosario Barrera, en una enorme desesperación y resuelta a ir a fondo para conocer lo sucedido en ese quirófano. Por eso sin perder tiempo recurrió a un abogado y entabló una denuncia penal.
Aquellos fueron días de insoportable angustia para Rosario: reclamaba información a las autoridades de la mutualista (SMI) sin suerte, convencida -como también lo estaba el equipo de médicos del CTI- de que en la sala de operaciones algo fuera de lo normal había pasado, y todos los focos alumbraban a la anestesista que intervino en el procedimiento.
Los reclamos de Rosario generaron cruces institucionales dentro de la mutualista -que por su parte, no sin cierta demora, inició una investigación interna- y, tras recurrir a la Fiscalía acompañada por su abogado, Diego Bais, se produjo un rápido desenlace de esta indagatoria penal, que en las últimas semanas tuvo novedades.
Hasta la fecha, indicaron a El País fuentes judiciales, han declarado ante Romano prácticamente todos los actores involucrados: médicos, nurses, directores técnicos del SMI y hasta el cirujano de la operación.
Y, de hecho, está dispuesta para este viernes la comparecencia de la anestesista en Fiscalía, donde será interrogada en calidad de indagada. Y lo hará acompañada por los abogados Gonzalo Fernández y Marcelo Domínguez.
En el caso hay dos hipótesis: el fiscal se inclina por la que maneja la denuncia
En la mira del fiscal
Toda esta investigación, compleja y atravesada por conceptos técnicos y específicos vinculados a los procedimientos quirúrgicos, conduce a dos hipótesis que explican la tragedia que vivió Soledad, una mujer de 41 años que -y en esto hay consenso médico- se encontraba sana, sin ninguna patología, al momento de entrar al quirófano.
La hipótesis manejada desde el primer momento por los denunciantes -y apoyada por parte del personal médico de la mutualista- es que el daño cerebral severo que sufrió la paciente fue producto de irregularidades cometidas durante la operación.
Por contrapartida, la hipótesis que ha sostenido la anestesista en cuestión es que esta operación fue una cirugía de tipo laparoscópica, un procedimiento con una complejidad tal que puede generar "mil cosas fisiológicas" en el paciente -además de un eventual paro-, algo que sostuvo la propia profesional en declaraciones a El País meses atrás.
El fiscal, por el momento, no solo se inclina por la visión que desde un inicio ha tenido la madre de Barrera, sino que su indagatoria, que ha despejado varias incógnitas, hoy apunta a la anestesista.
Romano ya cuenta con la versión de los hechos que ofreció el cirujano de este caso, quien declaró la semana pasada, y que, de acuerdo a las fuentes consultas, ofreció un testimonio "rico" a los ojos del equipo de investigación; fue un interrogatorio que duró cerca de una hora y media y en el que el médico evitó "inculpar" a su compañera, pero agregó detalles importantes relativos al desenlace de la operación.
Por otro lado, Romano espera el resultado de varias pericias, como las que deberán hacer las cátedras de Medicina Legal y de Anestesiología de la Universidad de la República.
Al mismo tiempo, hay un informe que ya está pronto y a disposición del fiscal, que es considerado de alta relevancia: uno que realizó una médica legista del Ministerio de Salud Pública, en el marco del expediente que esta cartera abrió a partir de la denuncia presentada también en este ámbito por la madre de la paciente.
Sus conclusiones llevaron a que la Dirección General del Sistema Nacional de Salud dispusiera este 20 de mayo que las "irregularidades" constatadas sean evaluadas por la Comisión de Salud Pública a "efectos de juzgar la conducta profesional", tanto de la anestesista como del director técnico de la mutualista.
Ahora bien, ¿qué figura delictiva es la que estaría encuadrándose ente este caso? Las fuentes consultadas indicaron que, teniendo en cuenta que la paciente se encuentra en un "estado de estupor", el delito que se persigue es el de lesiones gravísimas, que el Código Penal castiga con una pena que va "de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría", esto siempre y cuando, entre otros factores, se confirme que como consecuencia del obrar humano se generó "una enfermedad cierta o probablemente incurable".
El País, Uruguay
29 de mayo de 2024
