Definiciones equívocas frente a una toma

Confusas declaraciones ha formulado en los últimos días la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, a propósito de la conflictiva situación que se vive en esa casa de estudios.
La actitud asumida por Devés ante ese escenario ha destacado por su defensa del pluralismo académico y por sus esfuerzos para asegurar, incluso a un alto costo personal, la continuidad del quehacer universitario. Resultan, sin embargo, desconcertantes algunos de sus últimos dichos. En particular su afirmación de que "si bien una toma era comprensible en 2011, no es lo mismo en 2024", cual si ese tipo de acciones hubieran sido legítimas hace una década y solo hoy cupiera rechazarlas. Posteriormente, la rectora ha intentado precisar sus palabras: de lo que se trataría es de que, en una coyuntura como la que hoy se vive a nivel global, caracterizada por la fragilización de la democracia, la inseguridad y la polarización, las tomas tendrían una gravedad mayor. O, como dijo ayer, "eso que nunca fue aceptable" ahora "es menos aceptable, es realmente grave". Con todo, pese a dichos matices, subsiste en su planteamiento una extraña relativización, según la cual el hecho de ocupar ilegalmente un recinto, alterando las actividades y violando los derechos del resto de la comunidad universitaria, solo en algunas circunstancias sería "realmente grave".
El punto es complejo en una universidad en la que efectivamente en el pasado distintos sectores, incluyendo a figuras académicas y también a quienes son hoy las principales autoridades políticas del país, avalaron tomas y alcanzaron protagonismo público debido a su participación en ellas. Contribuyeron así a una suerte de legitimación fáctica de estas acciones, que en parte explica por qué se han seguido replicando en el tiempo y es tan difícil para una autoridad enfrentarlas. La rectora ha explicado que ella no apoyó las tomas de 2011, pero, al insinuar de alguna manera que estas habrían sido menos graves que las actuales, solo debilita su propia posición en momentos en que aparece desafiada por grupos radicalizados. Ni la causa invocada -sea la gratuidad, la salida de alguna autoridad académica, el feminismo o la solidaridad con Palestina- ni tampoco el contexto hacen más o menos inaceptable una toma. Cualesquiera sean las circunstancias o los objetivos, será siempre una acción de violencia, en la que un grupo se arroga, de modo ilegítimo, por la vía de los hechos, un poder por sobre el resto de los estudiantes y académicos. El "marcaje" a quienes ingresan al campus Gómez Millas, que tan justificado escándalo ha producido, no es más que la expresión gráfica de aquello: no se trata simplemente de que se les marque la mano a algunos profesores, sino de que un puñado de activistas, por la vía de la fuerza y solo por estimar que su causa lo amerita, se permita ya no solo impedir las actividades propias de la vida académica, sino incluso decidir quién puede o no ingresar a un campus universitario.
Precisamente por eso, también son confusos los dichos de la rectora al explicar su rechazo a recurrir a la fuerza pública para desalojar una toma, pues "no se puede reaccionar a una acción violenta con violencia", cual si uno y otro hecho -la ocupación ilegal de una universidad y el uso legítimo de la fuerza para ponerle fin a ese abuso- pudieran ser comparables o incluso equivalentes. Ciertamente, corresponde a una evaluación prudencial el modo de actuar frente a cada caso y la rectora Devés probablemente tenga muy buenas razones para estimar que una intervención de la policía podría resultar hoy contraproducente, pero no debe una autoridad renunciar anticipadamente al empleo de todas las herramientas que la legalidad le entrega. Menos aún, intentar establecer una suerte de doctrina a ese respecto. A estas alturas, experiencias como la vivida por el Instituto Nacional en la última década debieran ser aleccionadoras en cuanto a los costos que para una institución educacional pueden traer las señales equívocas frente a la violencia de las tomas y los peligros de relativizarla. La fortaleza académica y la resiliencia que en su historia ha mostrado la Universidad de Chile son notables, pero bien podría haberse dicho lo mismo del Instituto Nacional hace una década, cuando su actual situación parecía inimaginable.