Tomas de terreno ¿legítimas?

El ganador del Premio Nacional de Arquitectura 2024, Cristián Castillo Echeverría, ha generado polémica. Más allá de que su galardón fuera cuestionado por otro Premio Nacional en carta a este diario (su obra ha estado centrada en la vivienda social), una afirmación suya, expresada en una entrevista con Sábado de "El Mercurio", ha resultado particularmente provocadora. Concretamente, reveló en esa entrevista que él sigue pensando, "hasta el día de hoy, que las tomas de terrenos son legítimas".
El sector más radicalizado de la izquierda -Castillo militaba en el MIR- abordó la escasez de viviendas hace más de 50 años por la vía de los hechos consumados, organizando precisamente tomas de terrenos y presionando a la autoridad para construir precarias soluciones en ellas. Eso no solo constituía una forma de conseguir viviendas para quienes no las tenían, sino que también era una manera de movilizar políticamente a los pobladores y, en el caso del MIR, de concientizarlos respecto de la necesidad de desmantelar la institucionalidad existente -el concepto "burgués" de derecho de propiedad sería lo que les impediría tener una vivienda- y convencerlos de que solo el camino revolucionario cambiaría ese estado de cosas.
Si entonces eso ya era polémico, continuar afirmándolo en la tercera década del siglo XXI, como hace Castillo, denota más nostalgia por la pérdida de una juvenil ilusión utópica que un esfuerzo racional por construir una mejor sociedad. Legitimar las tomas porque ellas son el resultado de la "desesperación" de los pobladores es, en el mejor de los casos, un argumento pobre e insuficiente, y en el peor, una tan enorme como peligrosa ingenuidad. En efecto, las tomas se han transformado, en muchos casos, en un negocio delictivo, que comercializa ilegalmente el "derecho" a ocupar los terrenos, e incluso vende viviendas sobre ellos, con la agravante de que es protegido por mafias violentas. Todo ello no parece impresionar a Castillo. Solo es indicativo, dice, del abandono que los partidos políticos han hecho de la conducción de esos procesos.
Promover el quiebre de la institucionalidad, aun bajo el pretexto de fundarse en la compasión que generan quienes se ven afectados por no acceder a viviendas, es un camino que erosiona la legalidad construida democráticamente. Asimismo, cuestionar la legitimidad institucional a partir de impulsos emocionales abre la senda para que cada quien utilice en su vida diaria las reglas que le parezcan más convenientes a sus propios intereses, lo que solo conduce a la anomia social. Sus efectos ya los conocimos en octubre de 2019.
El derecho de propiedad tiene una importancia que trasciende la de los bienes inmuebles. El funcionamiento de la sociedad depende en gran medida de que este se respete y se defienda. Las transacciones de todo tipo de bienes y servicios se realizan con fluidez cuando ello así ocurre. En efecto, los riesgos que toman los inversionistas y emprendedores para generar riqueza se basan en la propiedad que tendrán sobre los resultados de sus esfuerzos; los artistas creativos operan bajo el supuesto de que son los dueños de sus obras; los inventores, de sus inventos; los ahorrantes, de sus ahorros; los deportistas, de sus talentos, y así sucesivamente.
El daño que se le hace al tejido social con las tomas de terrenos -aceptarlas trastoca el marco institucional basado en el derecho de propiedad- y los efectos que en la práctica ellas generan -baste constatar cómo muchas de las que hoy existen en el país se han transformado en verdaderos territorios sin ley, dominados por bandas delictuales- son aún más graves que los problemas que de ese modo se pretende aplacar. La carencia de vivienda es acuciante y representa un desafío para las políticas públicas. En este contexto, la proliferación de tomas solo habla de un fracaso, tanto de esas políticas como del Estado de derecho. El que un Premio Nacional de Arquitectura las siga promoviendo afecta, lamentablemente, el prestigio de su propia especialidad.