Comisión de Ética

Las indagaciones que lleva adelante la Comisión de Ética de la Corte Suprema en relación con algunos de sus ministros han suscitado, con razón, interés y preocupación de la ciudadanía. Es, en efecto, inevitable que la naturaleza de los hechos que se busca esclarecer y las tensiones internas a que han dado lugar generen, al menos en lo inmediato, un negativo impacto sobre la imagen del Poder Judicial, agravado por el confuso manejo comunicacional que la Corte ha mostrado en este caso. Sin embargo, más allá de todo eso, y en una mirada de más largo plazo, se trata de una situación que puede terminar siendo institucionalmente positiva, pues manifiesta cómo el máximo tribunal del país ha decidido -en cuanto institución- practicar lo que predica, dejando atrás décadas de opacidad e injustificada inmunidad.
La información disponible da cuenta asimismo de que se trata de situaciones muy diferentes entre sí. En algunos casos se indagan conductas previas al nombramiento de la persona como ministro o ministra, presuntamente para conseguir apoyos políticos con el fin de obtener la designación. En otros, se trata de presuntas gestiones para favorecer el nombramiento de una determinada persona en una notaría, o de la entrega a un familiar de información confidencial respecto de una causa sometida a su conocimiento. En fin, hay otros donde el reproche recae en forma preliminar sobre supuestas conductas de personas cercanas al juez o jueza, pero que precisamente por esta cercanía podrían comprometer su desempeño ministerial. Ninguna de estas situaciones es anodina, pero resulta evidente también que, de ser efectivas, implican niveles muy diferentes de anomalía o irregularidad.
Se ha conocido también públicamente que dos ministros habrían objetado las comunicaciones que se les hicieron respecto del hecho de estar siendo investigados por la Comisión. En un caso, porque esta carecería de competencia respecto de sucesos ocurridos antes del nombramiento del investigado en el supremo tribunal. En el otro, fundamentalmente porque la comunicación no identificaría actos propios de la ministra que sean objeto de la investigación. Además se plantearon solicitudes de inhabilidad de algunos integrantes de la Comisión. Aunque estas alegaciones podrían dar una impresión beligerante, en especial a personas no familiarizadas con los procedimientos judiciales y disciplinarios, se trata de recursos normales en este contexto, cuyo examen y adecuada resolución no debilita, sino que robustece las conclusiones del trabajo de la Comisión. Por otra parte, hay que tener presente que solo un procedimiento formal posterior, tramitado en conformidad a la ley y a las normas administrativas correspondientes, podría concluir con algún tipo de sanciones disciplinarias.
Nada de lo anterior obsta a que el Ministerio Público investigue paralelamente los hechos que a su juicio revistan caracteres de delito y en que puedan estar involucradas personas cercanas a los jueces o, incluso, ellos mismos. Esta última posibilidad se encuentra también prevista en la legislación, que la regula con bastante detalle. Por el momento, sin embargo, lo más relevante es que la misma Corte haya reaccionado institucionalmente, encomendando a jueces de reconocida trayectoria los primeros pasos de una indagación que, por el bien del país, debe llegar a buen puerto y despejar cualquier duda en relación con los cuestionamientos. Como lo resumió recientemente la ministra Adelita Ravanales: "Que nunca se pierda de vista lo más importante, que somos funcionarios públicos que pertenecemos a un Poder del Estado y que, en consecuencia, estamos al servicio de las personas y no de nuestros intereses personales".