MIRADA

Hace pocos días se presentó ?El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo? (SOFI) preparado cada año por varias agencias de las Naciones Unidas. Los hallazgos revelan que estamos lejos de resolver los problemas de hambre e inseguridad alimentaria.

Según el informe, para el 2023, más de 700 millones de personas en el plano global pasan hambre (unos 150 millones más que el 2019) y se calcula que al 2030, cuando debía lograrse el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero, aún cerca de 580 millones de habitantes enfrentarán esa condición. A pesar de estas malas noticias, el reporte destaca que en América Latina y el Caribe, el número de personas subalimentadas (con hambre) se redujo en casi 5 millones.

El reporte trae también información actualizada sobre los niveles de inseguridad alimentaria. Con información de una encuesta en más de 100 países se identifica cuantas personas enfrentan inseguridad alimentaria grave (personas que han pasado un día o más sin alimentos) o moderada (individuos que por falta de recursos se saltó alguna comida o que no tiene certeza sobre si podrá acceder a alimentos en cantidad y calidad suficiente). Los resultados revelan que para el período 2021-2023, 2.312 millones de personas en el mundo enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa, casi 700 millones de personas más que en el trienio 2014-2016.

En América Latina y el Caribe, si bien se registra una ligera tendencia positiva en el último par de años, la situación sigue preocupante: 207 millones de personas, 31% de la población, con inseguridad alimentaria severa o moderada. A pesar de la tendencia regional positiva, en el Perú la inseguridad alimentaria empeoró. El SOFI 2024 reporta que el 51,7% de los peruanos (17,6 millones) enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa, 50% más que hace una década (promedio 2014-16: 11,4 millones de personas; 37% de la población) y algo más que la medición anterior (SOFI 2022: 16,6 millones de personas, 50,5% de la población).

Como sabemos, en 2022 y 2023 la crisis alimentaria golpeó muy duro a las familias peruanas. La pobreza y la pobreza extrema subieron y los ingresos reales de pobres y no pobres cayeron, lo que trajo una reducción en el consumo de alimentos (en cantidad y calidad) y una mayor incertidumbre sobre la capacidad sostener un consumo de alimentos suficiente.

El deterioro en la situación alimentaria, que se veía venir, desgraciadamente no generó una respuesta adecuada. El sector público en vez de plantear una estrategia, una respuesta institucional, una propuesta donde todos pudiéramos sumar al objetivo de combatir la crisis alimentaria, optó por unas donaciones puntuales a ollas comunes, desde el Midis y algunos municipios, y por una (valiosa pero muy limitada) innovación en el programa Juntos para llegar a un acotado número de hogares urbanos con madres gestantes o niños pequeños. Fue una respuesta vergonzosamente insuficiente.

Al final de cuentas se dejó a quienes sufren los efectos de la crisis, a cargo de enfrentarla. Y, como era de esperar, dejar que cada uno resuelva su inseguridad alimentaria como mejor pueda solo profundizó la crisis. Un sinsentido.

Hoy, vísperas de 28 de julio, nos queda esperar que este tema sea un eje central del mensaje a la nación de la presidenta. Dudo que lo sea. Ojalá me equivoque.

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