Pese a bloqueos, Congreso avanza en reforma de AMLO para elegir a jueces por voto popular

Los mexicanos salieron en masa a las calles a tratar de impedirlo, pero ni los bloqueos ni las manifestaciones evitaron que los diputados oficialistas se reunieran para votar la reforma judicial, una cuestionada modificación a la Constitución impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que busca "democratizar" la Justicia y que, según sus críticos, amenaza la separación de poderes.
El Congreso amaneció bloqueado por cientos de empleados judiciales y estudiantes que se apostaron para entorpecer el paso de las calles que conducen al recinto. A los paros de labores que desde hace dos semanas mantienen jueces y trabajadores de juzgados federales se sumaron ayer unos mil empleados de la Suprema Corte y los propios ministros del tribunal.
Ante la imposibilidad de sesionar en la sede legislativa como estaba planeado, los diputados oficialistas dispusieron hacerlo en un centro polideportivo al este de Ciudad de México, donde ocuparon sillas de plástico dispuestas en la cancha de básquetbol. La oposición criticó el cambio de sede, amenazó con boicotear la sesión y, una vez iniciada, pidió suspenderla, pero de poco sirvió ya que la mayoría oficialista de dos tercios le permitió comenzar la sesión durante la tarde y rechazar las mociones de suspensión, y se esperaba que aprobaran la norma en general sin problemas.
"Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí, en la Cámara de Diputados, no van a sesionar hoy (martes) ni mañana", señaló Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores judiciales en referencia a la votación en particular que debe ocurrir hoy miércoles. "Están en su derecho. Tienen que defender sus privilegios", dijo López Obrador ayer sobre los trabajadores de la Corte Suprema que protestaron.
Los especialistas destacan que el sistema mexicano requiere una reforma ya que "tiene problemas significativos", según Javier Reyes, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La impunidad es uno de los problemas más destacados: el 90% de los delitos no se denuncian y pocos de ellos llegan a condena. Sin embargo, la mayoría concuerda en que la vía del oficialismo no es la correcta.
Amenaza a la separación de poderes
Presentada en febrero por López Obrador como una de las leyes clave de su gobierno -que termina el 1 de octubre-, la reforma judicial ha recibido un rechazo generalizado de miembros de jueces, la oposición y organizaciones civiles y de abogados.
Uno de sus principales puntos es la elección popular de jueces. El gobierno defiende esto como una forma de "democratizar" el sistema, pero esto es una "falacia", de acuerdo a Reyes, quien plantea que la elección directa "compromete la independencia judicial" ya que permite que sus decisiones estén sujetas "a los vaivenes políticos". "Este enfoque podría transformar al Poder Judicial en una extensión del poder político de turno", aseguró el experto.
"Si uno analiza los resultados de las últimas elecciones presidenciales, y supone que la amplia mayoría electoral obtenida por el actual partido gobernante podría mantenerse, es probable que los candidatos promovidos por el gobierno sean los elegidos y de esa manera, la independencia del Poder Judicial se vería sumamente inhibida", planteó José del Tronco, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Estos reparos son compartidos por inversionistas que temen que la reforma pueda "resultar en una politización del Poder Judicial", advirtió la consultora británica Capital Economics.
La norma de López Obrador ha sido cuestionada también por Canadá y EE.UU. El embajador en México de este último país, Ken Salazar, advirtió que la norma representa una "amenaza" para la relación comercial bilateral y además es un "riesgo" para la democracia mexicana, alegando que grupos criminales podrían aprovecharse de "jueces inexpertos". Este es un cuestionamiento recurrente, aunque los críticos más acérrimos a la reforma han ido un paso más allá y planteado que los candidatos a magistrados podrían ser promovidos por el crimen organizado.
La Cancillería mexicana ha desestimado las críticas internacionales como "injerencistas" y el propio López Obrador declaró la semana pasada que haría una "pausa" en el diálogo con Salazar.
El mandatario busca asegurar su programa
Tras la votación en particular de hoy, la reforma tiene que ser aprobada en el Senado, donde se espera que el oficialismo también obtenga el respaldo que necesita.
Y es que las elecciones del 2 de junio dejaron al gobierno con una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja y a un voto de tener el mismo porcentaje de senadores, por lo que es probable que intente usar esta fuerza legislativa para impulsar normas que antes no le fue posible, muchas de ellas muy cuestionadas.
Hay 17 reformas constitucionales, además de la judicial, que el oficialismo quiere impulsar y que abarcan desde aspectos respaldados transversalmente como la prohibición del maltrato animal, hasta temas cuestionados por algunos sectores como la prohibición del fracking , y otras sumamente polémicas, como eliminar los organismos autónomos o integrar la Guardia Nacional al Ministerio de Defensa. Esta última -que ya fue aprobada en comisión en la Cámara Baja- es una de las más resistidas y "terminaría de militarizar la seguridad pública, amplía la jurisdicción militar a los miembros de la Guardia Nacional, y les da a los miembros de la Guardia Nacional (que son miembros de las FF.AA.) la capacidad de investigar delitos y hacer funciones policiales", planteó Julio Ríos-Figueroa, doctor en Ciencias Políticas y profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
Las otras iniciativas constitucionalesLa judicial y la de la Guardia Nacional son las reformas más cuestionadas de López Obrador, pero hay otras casi tan importantes para el mandatario.
Sistema político
Busca eliminar los 200 diputados y 64 senadores plurinominales; elegir mediante voto directo a las máximas autoridades electorales y reducir a la mitad el financiamiento ordinario a los partidos políticos.
Órganos autónomos
Quiere eliminar organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y que sus funciones sean absorbidas por el gobierno central.
Pensiones
Intenta revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007, y subir el monto mínimo al que tienen derecho las personas jubiladas.
Salud
El gobierno busca crear un sistema único que garantice la atención médica universal y gratuita.
SuspensiónDos jueces ordenaron suspender el debate de la reforma judicial, lo que podría dificultar su aplicación si es aprobada.