Presupuesto por decreto abre la puerta a la dictadura fiscal

El presidente, Gustavo Petro y el ministro, Ricardo Bonilla se enfrentan actualmente a un panorama complejo con el trámite del proyecto de Presupuesto para el 2025, ya que sus cuentas al parecer no terminaron de convencer al Congreso, donde se sigue insistiendo en la necesidad de recortar al menos $12 billones para evitar que el país caiga en un escenario de inestabilidad fiscal por la plata que le hace falta. Si bien el Gobierno presentó una propuesta de ley de financiamiento para tapar parte del hueco, que algunos análisis calculan en $29 billones, los cambios tributarios que puso sobre la mesa no fueron bien vistos, ya que en el Legislativo consideran que el palo no está para cucharas y que, contrario a lo que espera el Minhacienda, generará que caiga el recaudo tributario y favorecerá la desaceleración económica. Todo esto ha llevado las conversaciones presupuestales a un escenario en el que por un lado se insiste en recortar y por el otro se advierte que esto no sucederá y que dado el caso de que toque reducir el gasto, la tijera no pasaría por los montos de funcionamiento, sino por la inversión y los recursos que se deben enviar a las regiones para esta tarea. Lo cual ha sido interpretado como una amenaza. Presupuesto

por decreto Las tensiones han llegado a tal punto, que el mismo presidente Petro no descarta que el Presupuesto General de la Nación del 2025 se expida por decreto, argumentando que la ley se lo permite y que su prioridad es garantizar la inversión social y que en ningún momento ha puesto en riesgo la estabilidad fiscal. Según el jefe de Estado, actualmente "hay una paradoja formada en el día de hoy. La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento", en su concepto, por las confusiones que se tiene sobre los impactos del cambio tributario. "La ley de financiamiento no aumenta impuestos ni a las personas naturales, excepto a los superricos y le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia menos a las extractivas fósiles. ¿Por qué no quieren bajar el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia?", acotó. En este sentido, advirtió que "parece que el presupuesto, como dice la Constitución y la ley, saldrá por decreto", haciendo referencia a las reglas de juego que están dispuestas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto y en una movida que no cayó muy bien entre quienes conocen de legislación presupuestal. Uno de los primeros llamados fue el del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien invitó al presidente Gustavo Petro a que piense "con cabeza fría", ya que "si expide el presupuesto a la brava y por decreto se queda sin financiamiento, lo cual no le sirve de nada, pues en enero tendría que recortarlo". "Mejor reconocer de una vez que está inflado. El país tiene claro que usted lo que quiere es gastar en 2025 para mejorar su favorabilidad a expensas de 12 bn en nuevos impuestos. Eso no lo acepta nadie con sentido común. La economía no aguanta", dijo Cárdenas. Pensar con cuidado Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda y experto en temas de presupuesto, sostuvo que lo planteado por el mandatario nacional se puede hacer, aunque cumpliendo unos requisitos planteados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, como surtir todo el debate en el Senado y la Cámara de Representantes, donde hay que agotar todo el proceso. "Se puede expedir por decreto cuando el Congreso por negligencia no apruebe el Presupuesto que ha presentado el Gobierno antes del 20 de octubre de cada año. Como el país no se puede quedar sin presupuesto, entonces la Constitución y las leyes orgánicas prevén que en ese caso se puede expedir el decreto el presupuesto por decreto, es la única posibilidad que existe", manifestó. En este sentido explicó que si el presupuesto se expide por decreto, se toma como base el presupuesto presentado originalmente al Congreso, que sería de $523 billones, sobre la cual se haría la distribución de recursos por entidades y sectores, a discreción de la Casa de Nariño, aunque tomando como referencia documentos como el marco fiscal y que no se pueden exceder los límites establecidos de deuda. "Se habla de negligencia cuando, llegado el 20 de octubre, no se expida el Presupuesto oficial del otro año, eso se considera una especie de negligencia presupuestal y por eso entra a suplirse desde el Gobierno, pero eso sólo podría sacarse cuando todo el proceso esté surtido y se haya intentado dar el debate", indicó Restrepo Salazar. Dictadura fiscal Si se llega a conjurar que el presupuesto se vaya por decreto, Colombia entraría en un escenario nunca antes visto. Se trata de la dictadura fiscal, un término que está reglamentado por la ley y que se refiere principalmente a lo que plantean desde la Casa de Nariño que podría pasar. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, manifestó que la dictadura fiscal se activa cuando el Congreso no aprueba el presupuesto en los plazos establecidos (antes del 20 de octubre). En ese caso, el Ejecutivo tiene la facultad de expedir el presupuesto por decreto; para cerrar las diferencias entre lo propuesto y lo avalado, tanto en los montos de gasto, como en la financiación propuesta. Este docente agregó que las cuentas que se tendrían en cuenta para el decreto a expedir, son las que están vigentes, con lo que "el presupuesto del año anterior fue de $502 billones y cuando se aprobó ese monto, tenía unos estimativos que no cedieron y llevaron a aplazar gastos por $20 billones. Ese caso definitivamente se tiene que convertir en una reducción de las apropiaciones porque hay dos situaciones que no cedieron en materia legal las dos condiciones que no cedieron en materia legal". "No se dieron los litigios tributarios por $15 billones, ni se dió la no deducibilidad de regalías por $6 billones. Es decir, a ese proyecto de presupuesto, con una situación netamente de reducción de legalidad del momento en que se excede el decreto, habría que reducirle la suma de $21 billones", acotó Amorocho. Si se cumpliese lo dicho por Henry Amorocho, el Presupuesto debería quedar en $481 billones, una cifra menor a lo que están proponiendo desde el Congreso y que para el presidente Petro terminaría afectando el desarrollo económico.