Inversiones: El costo de obstaculizarlas

E l país enfrenta una encrucijada: las soluciones a sus numerosos problemas -salud, educación, pensiones, entre otros- necesitan de recursos que las financien. Esos recursos solo se conseguirán en la cuantía requerida si se retoma la senda de crecimiento, única receta para conseguir ampliar la base tributaria y de recaudación del fisco de manera permanente. Ello supone proyectos de inversión que generen ese crecimiento, que se puedan realizar en tiempos apropiados y en las condiciones que la institucionalidad indique. Sin embargo, la reticencia con que diversas autoridades examinan muchos proyectos al momento de ser presentados, los plazos increíblemente largos que existen para tramitar su aprobación y la incerteza jurídica que hay luego de conseguida esta -en cualquier momento se la puede desafiar exitosamente en los tribunales- ponen en duda la convicción del país respecto de la necesidad de crecer y desarrollarse conforme lo impone el siglo XXI.
Considérese el caso del proyecto de data center de Google en Cerrillos: luego de cuatro años de tramitación, con el proyecto finalmente aprobado, el Tribunal Ambiental acogió un recurso presentado por un vecino, preocupado por el consumo de energía y de agua que involucraría, lo que detuvo su implementación. Esto, a pesar de que la empresa había indicado que no utilizaría agua del acuífero, que era la preocupación planteada. Ante esta situación, hace unos días, la firma anunció que no perseverará en el proyecto y que evaluará desde cero una nueva iniciativa. Agréguese otro ejemplo, ocurrido en agosto, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) puso fin anticipado a la tramitación del proyecto de Central de Bombeo Paposo, de Colbún, que, con una inversión de US$ 1.400 millones, generaría energía de manera inédita, elevando agua del mar con energía solar, vertiéndola posteriormente para transformarla en energía hidroeléctrica; ayer, finalmente, la empresa anunció su decisión de suspender la iniciativa. Incorpórese a ambos antecedentes la constatación de que el futuro demandará mucho más almacenamiento y procesamiento de datos, así como energía para lograrlo. En efecto, en un planeta digitalizado, la información que se extraiga de los datos impactará casi todas las actividades económicas conocidas, incluida la inteligencia artificial, cuya expansión sigue acelerándose, lo que implica aumentar la generación de energía, para almacenar y procesar datos en las cuantías necesarias, y formas de enfriar la temperatura que ello provoca, mediante el uso, entre otros, del agua. No se puede obviar aquello. Sin embargo, los casos consignados parecieran hacerlo.
Resulta también incomprensible que la autoridad edilicia de Cerrillos se alegre de que la inversión de Google no se haga, no solamente porque el municipio se priva de las contribuciones que la empresa pagaría anualmente una vez en operación -un porcentaje sustantivo de los ingresos de la comuna-, sino porque además entorpece el desarrollo de la industria de data centers en el país. Ya existen 22 de ellos, y hay otros 28 proyectos por realizar, con una inversión de más de US$ 2.500 millones. La posición estratégica que el país posee en sus extremos norte y sur, que permitiría instalar la próxima generación de centros de datos de uso internacional, de mucho mayor tamaño, podría ser devaluada por los inversionistas a la luz de estos antecedentes. Pero hay más. La vigente Estrategia Nacional de CTCI, que la ministra del ramo, Aisén Etcheberry, está impulsando, considera el desarrollo de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial -parte fundamental de ella son los data centers y la generación de energía-, en la que Chile tiene una posición de privilegio en la región. Ella se vería obstaculizada si es que se persiste en poner dificultades a los proyectos de inversión por razones que no tienen el peso de lo que está en juego.
De modo que la encrucijada planteada no solo impactará la capacidad del fisco para financiar las necesidades sociales, sino que, además, definirá las posibilidades de desarrollo del país conforme a los dictados que impone el siglo XXI.