El Comercio, Perú
24 de octubre de 2024
Exigencias. El decreto fue publicado luego de que la presidenta Dina Boluarte indicara que se tomarían acciones para el control migratorio de ciudadanos venezolanos.
Por Carlos Gonzales
El martes por la noche el Gobierno emitió el Decreto Supremo 011-2024-IN para reforzar el control migratorio y enfrentar la inseguridad ciudadana. La norma se publicó luego de las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte sobre nuevas exigencias a los ciudadanos venezolanos, con el fin de combatir el crimen organizado.
Entre los puntos más resaltantes del decreto está la obligatoriedad de los establecimientos de hospedaje y de los arrendadores de solicitar documentos de identidad o de viaje a los extranjeros que deseen quedarse en el país, para así comprobar su situación migratoria, y transmitir esa información a Migraciones.
Dicha entidad indicó que ha desarrollado una plataforma en línea que permitirá a los hospedajes y a los arrendadores registrar la información de las personas extranjeras que soliciten sus servicios.
Los hospedajes que no cumplan con esta obligación serán sancionados con multas de hasta dos UIT (S/ 10.300).
Armando García Chunga, superintendente de Migraciones, recordó que los operativos ejecutados por la policía en los locales conocidos como búnkeres, donde se intervienen a decenas de extranjeros sin documentos o con prontuario, evidencian que los propietarios de los inmuebles no conocen la identidad de la persona que les solicitó el alquiler.
Mario Solís Córdova, abogado especialista en derecho civil y exgerente general de Migraciones, indicó que la norma no tendrá impacto para regular la migración, pues afirmó que gran parte del sistema de hospedaje y arrendamiento se desarrolla en la informalidad. Incluso remarcó que las nuevas exigencias harán que se desarrolle un mercado informal.
Sostuvo también que muchos ciudadanos que se dedican a alquilar parte de su vivienda no desean declarar dicho negocio para no pagar el 5% del Impuesto a la Renta.
Mirko Medic, asociado senior del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, advirtió que con dicha normativa se corre el riesgo de que los datos personales de los extranjeros se puedan utilizar para actos delictivos, ya que se trasladará a los propietarios de los hospedajes o inmuebles en alquiler información valiosa, teniendo en cuenta que muchos de ellos operan en la informalidad.
