Vocales de mesa sobreexigidos

Entre sus muchos impactos, la última elección dejó también el justificado reclamo de cientos de vocales por la larga jornada que debieron vivir el domingo pasado contando votos. Se había anticipado que el número de votantes y la complejidad de tener que emitir cuatro sufragios no permitirían realizar el acto electoral en un solo día, y por ello se aprobó la ley que permitió extenderlo a dos. Sin embargo, no se previó la duración del conteo. Sencillamente se olvidó que la complejidad que significaban cuatro votos se extendía también a este proceso. Por supuesto, en las elecciones de noviembre de 2021 hubo circunscripciones en las que, al igual que ahora, se debió emitir cuatro sufragios, pero en esa ocasión la participación fue de 47,3%, equivalente a poco más de siete millones 80 mil personas. Lo hicieron en 46 mil 639 mesas. Es decir, hubo 152 votantes por mesa.
Este año, el número de mesas fue un 14% inferior (40.014). En cambio, la cantidad de sufragios emitidos, como resultado del voto obligatorio, se incrementó en 85%. Así, el número de votos por mesa promedió 337, más que duplicando el de 2021. No sorprende, entonces, que su conteo se haya prolongado hasta la madrugada. Esto era previsible y resulta curioso que, en general, no haya sido anticipado por el mundo político, los organismos del Estado o los expertos. El Servel, en particular, redujo el número de mesas respecto de votaciones anteriores, dejando en evidencia que no estuvo en sus consideraciones. Ahora, reconociendo la carga adicional que significó la prolongación de la jornada (y tal vez anticipando eventuales problemas para constituir mesas en la segunda vuelta de gobernadores), su Consejo ha solicitado al Ejecutivo un proyecto de ley urgente que establezca una compensación a los vocales por un monto equivalente a UF 1, adicional a los dos tercios de UF que se contempla habitualmente por su participación en cada día de votación.
La idea recibió el pronto respaldo de congresistas. Pero si bien su costo fiscal no es elevado -unos US$ 7 millones-, y más allá de la empatía y disculpas públicas que merecen los vocales, no es evidente que avanzar en este camino sea apropiado. Hay también otras situaciones en que las imprecisiones del Estado causan perjuicios a los ciudadanos; compensar en algunas circunstancias y no en otras es complejo. Por lo mismo, si se quiere avanzar en esta línea, correspondería definir de antemano y transparentemente indicadores que permitan decidir, antes que improvisar medidas reactivas.
Pero hay una lección que aprender. Los organismos del Estado deben estar más conscientes de sus obligaciones para con la ciudadanía y considerar el impacto que sus decisiones tendrán sobre las personas. Su foco tiene que estar en ellas, más allá de las obligaciones que corresponda imponerles como parte de la vida en comunidad. Las fallas en este ámbito no se corrigen improvisando apresuradamente bonos.
Esta era una situación previsible y sorprende que sencillamente no haya sido anticipada.